Dos de los imputados en el caso pagarés, que investiga unos sobrecostes millonarios en las obras de 119 naves en Plaza, el exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó, y el constructor Agapito Iglesias, están obligados a pedir permiso al juez Francisco Picazo cada vez que quieren viajar fuera de España. Ayer recibieron un no como respuesta a la solictud para ir a Latinoamérica
Ambos señalaron al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza que era por cuestiones laborales, si bien Escó llegó incluso a afirmar que era "urgente" y le recordó que sigue siendo director de relaciones internacionales de Telefónica para Iberoamérica.
El exviceconsejero justifica los viajes señalando que "tiene reuniones con distintos cargos de los gobiernos de Colombia y Uruguay, así como con otras personas del ámbito administrativo e institucional, tal y como le tiene encomendado la directora de asuntos públicos de la compañía para Latinoamérica, Lina María Echevarri".
Por su parte, el constructor soriano presenta al magistrado una invitación del coordinador operativo de la Secretaría de Promoción Económica del Ayuntamiento de Guadalajara (México).
La respuesta negativa del magistrado se basa en el último informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional que mostró las sospechas de que estas dos personas pudieron usar sus viajes al extranjero para blanquear capitales.
Los agentes pusieron en duda los desplazamientos de Escó a Panamá, Colombia o Guatemala, y los realizados a Reino Unido y Ecuador por parte de Agapito Iglesias.
DGA
El Gobierno de Aragón se ha opuesto también a la petición de quien fuera su exviceconsejero en la época PSOE-PAR de devolverle el pasaporte. El letrado de la comunidad autónoma José Gay señala al juzgado que hay "riesgo real de fuga, por la gravedad de los delitos, de las penas a imponer y de lo elevado de las responsabilidades civiles que suman los 18 millones de euros".
De esta forma, el Ejecutivo autonómico sigue la línea de la acusación popular, ejercida por la abogada Irene Romea, en nombre de UPD, que rechazó la solicitud del abogado defensor del político altoaragonés, Juan Carlos Monclús. La Audiencia Provincial de Zaragoza será quien tenga la última palabra al respecto, debido a los recursos interpuestos por las partes.
