Las más de tres horas de declaración del camionero rumano que fue detenido en la localidad turolense de Villafranca del Campo por transportar ilegalmente a ocho iraquís en el interior del vehículo no han sido suficientes para el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel, Jorge Oswaldo Cañadas, quien decidió prorrogar 72 horas más su detención antes de decretar su ingreso provisional en prisión o la libertad. El juez está a la espera de una serie de indagaciones que todavía está llevando la Guardia Civil.
Por tanto, este hombre de 37 años y al que se le imputa un delito de tráfico de seres humanos seguirá en manos del instituto armado hasta el próximo miércoles a las 11.00 horas, que volverá a ser trasladado ante el juez instructor. Mientras, los cuatro iraquíes adultos prestaron declaración como testigos ante el magistrado. Según fuentes judiciales consultadas por este diario, ninguno de ellos habría señalado al chófer como responsable del viaje que estaban realizando como polizones en el interior de la caja del vehículo. Quienes no prestaron declaración fueron los menores de edad.
Desde el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) han señalado que al no quedar claros algunos aspectos de la investigación judicial es por lo que el juez acordó seguir con las diligencias y por ello prorrogar la detención del camionero investigado. En su primera declaración, asistido por la abogada María Lahoz, este hombre afirmó que no sabía nada de la presencia de los inmigrantes que iban en el vehículo hasta que al detenerse a repostar en Villafranca del Campo escuchó unos golpes y dio aviso a la Guardia Civil. La DGA apuntó que la llamada al 112 la efectuaron los propios polizones que iban en el interior.
Aclara el juez instructor que, por el momento, no existen indicios de que este caso guarde relación con el ocurrido recientemente y que instruye el Juzgado de Calamocha. En aquella ocasión, fue el propio transportista quien dio avisó a la Benemérita y que quedó en libertad tras pasar a disposición judicial. A diferencia de ese caso, en el que los ocho kurdos que iban en el interior de la caja decidieron no pedir asilo, las tres familias halladas en Villafranca del Campo sí que han solicitado quedarse en España.
Un proceso que desde la DGA señalaron que está centralizado por el Gobierno central y que será este el que dé la autorización. Si es concedida la petición, según fuentes del Departamento de Servicios Sociales, se les prestarán las ayudas que necesiten, tales como sanidad o educación.
