La fianza de 18.850.000 euros impuesta por el juez Francisco Picazo por el caso Pagarés, en el que se investigan unos sobrecostes millonarios en una naves en Plaza, sigue sin ser abonada. Los imputados continúan recurriendo esta medida adoptada, pero la respuesta no cambia: es obligatorio para cubrir la responsabilidad civil. Así lo acaba de afirmar el magistrado instructor en un auto en el que recuerda que la Audiencia Provincial de Zaragoza le respaldó en esta solicitud.

Las defensas de dos de los imputados Juan Monclús --por el exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Escó--; José María Gimeno del Busto y José María Pabán --por el exgerente de la plataforma, Ricardo García Becerril-- aseveraron que las acciones presentadas por el constructor Agapito Iglesias eran "suficientes" para satisfacer el montante solicitado a los tres y evitar el embargo de sus bienes. Algo que el juez no acepta porque considera que no ha habido todavía ningún censor jurado designado como perito que haya analizado las acciones, además de reprochar a Iglesias "que no haya dado información precisa alguna para que pudiera ser valorada a efectos de determinar estas afirmaciones". La defensa del exdirector técnico, Miguel Ángel Pérez, realizada por Carmen Cifuentes no recurrió esta decisión.

VENTA Escó no solo sacó a relucir las acciones de las dos empresas que eran dueñas del Real Zaragoza, sino los 9,8 millones resultantes de la venta de la sociedad deportiva. Cantidad que valora el magistrado, si bien le contesta que "solo se han consignado hasta la fecha 50.000 euros".

Por otra parte está Agapito Iglesias, cuyos abogados le dicen al instructor que no es procedente trabar el dinero procedente de la compraventa, pero reciben como respuesta que "se le embarga cualquier concepto que perciba sin efectuar valoración alguna respecto a las partes contratantes, propiedad, ni destinatarios del precio de venta".

Desde la acusación popular, que ejerce la abogada Irene Romea en nombre de UPD, también hubo oposición. Especialmente, resalta que "no sabemos" cuál es el precio en el mercado del Real Zaragoza y que del contrato privado celebrado entre Iglesias y los nuevos accionistas "se observan toda una serie de cláusulas que apuntan a que el contrato estaría incumplido de facto". Además, señala que, a la vista de la solvencia de los compradores, "si no llegan los 9,8 millones de euros todo será papel mojado".