El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha remitido a los juzgados de Zaragoza una pieza separada del caso Gürtel para que sean investigados por un presunto delito de fraude fiscal los dos empresarios aragoneses imputados en la causa, M. S. L. y A. M. R.

Entre septiembre del 2010 y febrero del 2011, antes de que el Juzgado Central de Instrucción número 5 les remitiera su citación como imputados, ambos regularizaron su situación con Hacienda: el primero pagó 7,5 millones de euros por el IRPF del 2005 al 2009 y el Impuesto del Patrimonio del 2005 al 2007, mientras que el segundo desembolsaba en esas mismas fechas 1,3 millones por la renta del mismo periodo y el Patrimonio del 2006 y el 2007.

En ambos casos, los pagos tenían como fin legalizar las enormes cantidades de dinero que poseían en cuentas bancarias radicadas en Suiza y Mónaco.

TESIS Las defensas de los acusados sostienen que no hay delito porque efectuaron la regularización antes de ser llamados como imputados, tal y como señala la Ley General Tributaria, mientras que Ruz mantiene que realizaron los pagos cuando ya sabían que estaban siendo investigados, lo que impediría que se beneficiaran de los efectos exoneradores de la normativa fiscal en la vía penal.

M. S. L. "repatrió a España doce millones de euros tras pagar casi ocho para regularizarlos", explicaron fuentes conocedoras de la causa.

Los dos empresarios zaragozanos están imputados por el presunto pago de comisiones por valor de 17 millones --16 M. S. L. -- al supuesto cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, cuya finalidad habría sido engrasar la adjudicación de una promoción de un millar de viviendas en Arganda que lideraba Martinsa y acceder al pelotazo --finalmente frustrado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid-- que debía salir del desarrollo de los suelos sobre los que hoy se levanta en estadio Vicente Calderón.

Los empresarios zaragozanos negaron en sus declaraciones ante la Audiencia Nacional que hubieran pagado comisiones al presunto jefe de la Gürtel y aseguraron que no tienen ningún vínculo con la operación del estadio madrileño.

En sus testimonios, por el contrario, indicaron que se sentían engañados por el presidente de la constructora Martinsa-Fadesa, Fernando Martín.