El juez Luis Carlos Martín Osante decretó ayer la suspensión del acuerdo municipal del pasado 19 de julio por el que el complejo Aura -con restaurante, discoteca y zona deportiva- debería estar cerrado ante las deficiencias detectadas por los inspectores municipales. Básicamente, el uso indebido de las instalaciones por destinar espacios deportivos a hostelería. El juez aceptó la medida cautelar solicitada por los gestores, y así el centro podrá continuar abierto con normalidad mientras se resuelve el recurso interpuesto contra la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza.

El magistrado, como sustituto en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, aventura que el proceso será largo, bien hasta que se resuelva el fondo del asunto, «complejo», o bien si la empresa cerrara y tuviera que volver a solicitar la licencia (ya que la actual se le denegó en julio, siendo solicitada hace tres años). El cierre al que forzaría la decisión municipal haría más mal que bien, entiende.

Un razonamiento que no compartía ayer el alcalde accidental de la ciudad, Alberto Cubero, para quien el auto es «una muestra más, y van muchas, de que la Justicia toma partido contra las decisiones de los gobiernos de izquierda. Así ha sido en el caso del Gobierno de Aragón, con la Educación -como última referencia, el mantenimiento cautelar de las horas de religión en Primaria-, y con el ayuntamiento en la defensa de los derechos de los trabajadores, contra los paraísos fiscales y, en este caso, contra los abusos de la época de bonanza económica y del capitalismo de amiguetes», enumeraba el también concejal de Servicios Públicos.

La empresa, lógicamente, no lo veía así. Iván Acedo, uno de los propietarios del complejo, se sentía «satisfecho, a la vez que prudente, porque todavía falta la sentencia». «Nosotros hemos ejecutado el proyecto por el que hace siete años se nos concedió la licencia urbanística. Nada ha cambiado en nosotros, sí en el ayuntamiento», defendió.

El juez enumera en el auto los perjuicios difícilmente subsanables que traería mantener cerrado el centro hasta que se resuelva el pleito, y considera que, por contra, tenerlo abierto no menoscaba el «interés general», ni hace daño a nadie salvo, quizá, a la competencia hostelera.

También expone que no hay deficiencias de seguridad que supongan un peligro para los usuarios, dado que el último informe de Bomberos dio el visto bueno a las medidas de la instalación.

Faltaría el plan de autoprotección que exige Protección Civil, además de la inspección necesaria por parte de la Delegación del Gobierno. En cuanto al primero, la resolución da a la empresa un mes para aportarlo. Sobre el segundo, la delegación justificó (en el 2011) que no inspeccionaba porque no había licencia de funcionamiento, y por tanto no había constancia de nada que revisar. Dado que «de hecho sí existe una actividad de pública concurrencia», exhorta al ayuntamiento a que vuelva a pedir a la delegación que inspeccione.