La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, Mercedes Terrer, ha decido archivar por considerar que no hay materia penal el denominado Caso Caladero, por el que estaban imputados Pilar Valdivia, Pedro Colás, Carlos Esco y Santiago Coello, han informado a Efe hoy fuentes jurídicas.
Esta es la primera que se archiva de las cuatro piezas judiciales en el ámbito penal en que se ha dividido el denominado Caso Plaza, una presunta malversación millonaria en la gestión y desarrollo de la sociedad publica por la que están imputadas más de veinte personas.
Según las citadas fuentes, la juez ha emitido hoy un auto en el que dicta el sobreseimiento provisional de esta causa, que se abrió en diciembre el año pasado, al estimar "que no hay irregularidades graves que den lugar a materia penal".
Pilar Valdivia es directora de Empresas Participadas de la Corporación Empresarial Pública de Aragón; Pedro Colás fue director financiero de Plaza; Carlos Escó, exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón; y Santiago Coello, exconsejero delegado de la Corporación Empresarial Pública.
En el auto, al que ha tenido acceso Efe, la jueza se refiere a los informes remitidos por el Gobierno de Aragón en uno de los cuales, suscrito por la letrada de la comunidad, se concluye "que no existe en absoluto ni alcance, ni siquiera irregularidad contable, menos aún que produzca merma de las cuentas públicas".
Por ello, en el auto se asegura que "se ha constatado la justificación de las obras contratadas" (tanto las del contrato inicial como las adiciones posteriores), que "las obras realmente ejecutadas se ajustan a lo acordado", que se han establecido precios de mercado y que "no se ha producido un perjuicio patrimonial en los fondos públicos".
Por ello, sostiene que "no existen datos que permitan apreciar una actuación delictiva" atribuible a los cuatro imputados como responsables de la empresa pública Plaza Desarrollos Logísticos en el momento de suscribirse el contrato sobre esta obra
Sobre las presuntas irregularidades referidas a la demora en la finalización de la obra o el concurso de adjudicación del contrato, la jueza afirma que no consta que existiera algún informe previo por parte de los técnicos que advirtiera expresamente a los imputados de que estaban actuando "a sabiendas de que pudieran estar resolviendo al margen del ordenamiento jurídico", ni se ha justificado un perjuicio para la administración pública.
La jueza concluye el auto estimando "innecesaria" la práctica de otras diligencias sobre el caso, como ha pedido la acusación popular, ya que el resultado "no conduciría a una conclusión distinta que la que se adopta" en esta resolución.
La abogada Irene Romea, que estaba personada como acusación popular en esta causa, ha dicho a Efe que recurrirán el auto de la jueza al considerar que "no se ha hecho una instrucción completa de los hechos".
Al respecto, ha añadido, que está en contra de que se cierre la investigación y ha lamentado que la jueza no haya contestado a sus peticiones de nuevas pruebas para poder hacer "una instrucción en profundidad".
El letrado José Manuel Marraco, que representa a Santiago Coello, ha expresado a Efe su satisfacción porque el auto pone fin a una instrucción que "ha dejado claro que todo se ajustaba a la realidad" y que "no ha habido perjuicio" para el erario público.
Ha lamentado que no se aportara en su momento la documentación oportuna, porque se hubiera evitado la imputación durante muchos meses, y ha criticado que se pretenda desde algunos sectores "judicializar la vida cotidiana".
