La jueza que instruye la operación Espino ha imputado a Florencio Garcés, expárroco de Borja, un nuevo delito de falsedad documental. Las pruebas periciales caligráficas han corroborado que, como sospechaba la Guardia Civil, elaboró un falso documento de Hacienda para apoyar una de sus denuncias contra uno de los Zapato Veloz. Cuando menos, estampó una firma en el original que encontraron en su casa.

La Guardia Civil se incautó en el registro de una especie de guión de las denuncias y justificaciones que posteriormente ofreció mosén Florencio a los agentes. Según relató, prestó dinero a uno de los componentes del clan Zapato Veloz, José Luis Carbonell, pero creía que este se lo devolvería. Principalmente porque había recibido un documento de Hacienda (aportó fotocopia) por el que le indicaban que ellos tenían una deuda con Carbonell.

Sin embargo, las investigaciones probaron que este documento estaba firmado por una funcionaria que no existía, y fue enviado desde un fax de Tarazona. Los agentes tomaron muestras de caligrafía al párroco y, ahora, el análisis pericial ha revelado que fue él quien firmó por la funcionaria ficticia.

Así pues, mosén Florencio vuelve a estar imputado por dos cargos, el presunto alzamiento de bienes por los al menos 180.000 euros que desaparecieron de las cuentas parroquiales. La jueza le retiró el delito contra la libertad sexual que le imputaban los investigadores en un principio, al retractarse uno de los testigos.

Paralelamente, los agentes siguen investigando unas imágenes de felaciones, de protagonistas desconocidos, que encontraron en uno de los móviles requisados en la operación. Amén de los movimientos económicos de la parroquia.

Junto al cura, en la operación Espino permanecen imputados cinco componentes del clan Zapato Veloz, a los que atribuyen delitos de extorsión, pertenencia a banda organizada y blanqueo de capitales.

La Guardia Civil considera que los integrantes del clan chantajearon al cura, por algún motivo que aún no han podido probar, para lograr que vaciara las cuentas y les diera el dinero. Algo que no extrañaba en el pueblo, donde el cura era conocido por su bondad con los desfavorecidos. Luego se gastaron el dinero en abundantes coches de lujo y otros artículos que, por ahora, permanecen decomisados.

Por su parte, el párroco habría tratado de justificar el agujero en las cuentas con hasta dos denuncias contra el citado Carbonell, en las que relataba un préstamo, que, por lo investigado hasta ahora, parece ser ficticio.

La jueza ha citado a mosén Florencio y a sus abogados, Enrique Trebolle y Antonio Val-Carreres, para el próximo lunes, 10 de noviembre. Allí tendrá la oportunidad de explicar por qué firmó el documento de Hacienda a nombre de una funcionaria inventada. O bien negarlo.