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VILLANUEVA DE SIJENA // EL PLEITO POR LAS OBRAS DE ARTE SACRO

La jueza reabre la causa penal contra los ‘exconsellers’ de Cultura

Estudiará si hubo delitos de prevaricación y desobediencia

 

Vila, a la izquierda, y Puig, a la derecha, los dos dirigentes demandados. - andreu dalmau

EL PERIÓDICO
01/02/2018

La titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Huesca ha decidido reabrir la causa penal solicitada contra los exconsellers de Cultura de la Generalitat Santi Vila y Lluís Puig por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por negarse a facilitar el retorno de los bienes del Monasterio de Sijena depositados en el Museo de Lérida. En un auto hecho público ayer, la magistrada estima el recurso interpuesto por la representación legal del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, al que se adhirió días atrás la Fiscalía de Huesca con un escrito que responsabiliza a los dos exconsellers de no cumplir con los requerimientos judiciales hechos.

La jueza argumenta que el 29 de septiembre pasado acordó sobreseer provisionalmente la denuncia penal interpuesta por el consistorio de Sijena al no aportar los documentos «supuestamente acreditativos de los hechos denunciados». En su auto, valora tanto el informe de la Fiscalía de Huesca como el emitido por el fiscal del Tribunal Supremo, al que llegó inicialmente la denuncia al estar ambos políticos catalanes aforados, a la hora de reactivar la causa penal, aunque descarta la posibilidad de imputar a Vila un presunto delito de apropiación indebida.

El letrado de la localidad monegrina, Jorge Español, denunció los hechos en el juzgado de guardia de Huesca tras perder ambos dirigentes su condición de aforados, acompañándola de un informe elaborado por la Fiscalía del Tribunal Supremo que veía indicios de la comisión de presuntos delitos en la conducta de ambos. En el escrito de adhesión al recurso hecho por el fiscal jefe de Huesca, Juan Baratech, se advertía que ambos, Puig y Vila, incumplieron con «rotundidad» las órdenes judiciales a pesar de los apercibimientos que les fueron comunicados.

Consideraba, además, que las consecuencias de este incumplimiento y de la desobediencia fueron «capitales», ya que la operación requirió un gran despliegue de medios materiales y humanos. Medios, subrayaba, que la Administración aragonesa y la policía judicial tuvieron que habilitar para «suplir la obstinada voluntad de los investigados y también por el riesgo de alteración de la seguridad y de la pacífica convivencia ciudadana». El coste de la devolución de las obras ha supuesto un desembolso al Gobierno de Aragón superior a los 20.000 euros.

REMISIÓN AL PARLAMENT

El auto que acuerda reabrir la causa pide, antes de ordenar la práctica de diligencias, remitir un escrito al Parlamento de Cataluña para que certifique si Lluís Puig es diputado autonómico tras las últimas elecciones, celebradas el pasdo mes de diciembre.

Según el letrado de Villanueva de Sijena, Jorge Español, la reciente renuncia de Puig a su escaño hará que el caso se instruya «previsiblemente» en los juzgados de Huesca.

Esta causa se añade a otras que ambos tienen pendientes por formar parte del Gobierno de Cataluña que proclamó unilateralmente la independencia y la creación de una República catalana.

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Suplemento especial del 3 de junio de 2018 con motivo del número 10.000 de El Periódico de Aragón.