La jueza María José Cía ha anulado la orden por la que el Gobierno de Aragón realizó una convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo de secretarios-interventores municipales interinos, por no ser conforme a derecho. La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Zaragoza ha estimado la reclamación de la Asociación Sindical de Secretarios-Interventores de Aragón, al entender que la competencia para acreditar a estos profesionales es del Estado, y la de la contratación de los municipios, limitándose el papel de las comunidades al control de que se cumplan los requisitos o de que haya plazas vacantes.
La orden de Presidencia para la creación de esta bolsa de trabajo, originalmente promulgada en marzo del año pasado, levantó polémica entre el colectivo de secretarios por varios motivos. Entre otros, que exigía unas titulaciones que solo impartía la DGA (alguna de las cuales requería cuantiosos pagos), que no valoraba la experiencia y que facilitaba el despido, ya que el alcalde en cuestión podía echar al interventor sin apenas tener que alegar un motivo.
La orden fue modificada en abril para dar algo más de peso a la experiencia en la convocatoria, pero no acabó de satisfacer las demandas del colectivo, que la recurrió en los tribunales, finalmente con éxito.
Los secretarios, según fuentes del sector consultadas ayer, sufren abundantes problemas por la carga de trabajo, en ocasiones con varios municipios a su cargo, y la inestabilidad, que esta orden aumentaba dada la facilidad del despido. También los municipios se han quejado de la dificultad de encontrar secretarios para determinadas plazas que no quiere asumir nadie.
