"Si no quieres tener problemas con la Policía o los celadores, trabajarás para nosotros". Esta era una de las premisas con las que, al parecer, operaba, en los hospitales zaragozanos, una banda de origen latino que controlaba el negocio de los cuidadores de enfermos. Ayer, tres mujeres y dos hombres se sentaron el banquillo de la Audiencia de Zaragoza. Ninguno lo admitió, salvo una mujer que se erigió en víctima de su compañera de banquillo.
La jefa sería, según la Policía, Blanca Margarita B. A., quien, supuestamente, se encargaba de captar a irregulares y de hacerse propias unas comisiones que ascendían al 40% del dinero que cobraban a la hora. Según los denunciantes, estaba al frente de 40 personas a los que, previamente, les prometía conseguir el permiso de residencia o dejarles trabajar sin la presión del personal del centro sanitario. También ordenaba seguimientos.
Una acusación importante por la que se enfrenta a casi 13 años de prisión que Blanca Margarita B. A. rechazó, asegurando que ella es autónoma y que es todo una "venganza" por parte de su hermana y de otra mujer con la que tuvo un altercado anterior, que sí estarían en una organización similar. Su abogado, Javier Notivoli, resaltó ante los magistrados de la Sección Sexta de este tribunal que el incidente ocurrido en el 2012, en el Royo Villanova, llegó a judicializarse. "Casualmente a las personas que fueron a dicha vista como testigos, ahora se les acusa de formar una banda criminal", apostilló.
Un hilo argumental que mantuvieron el resto de encausados, Cristian M., Ronny Asdrúbal R. R. y Raquel V. F. Rechazaron ejercer de matones. De hecho, resaltaron que ellos estaban en el hospital viendo a enfermos cuando ocurrió la pelea y de ahí que actuaran de testigos.
PRESIONES
Aunque no suele ser habitual, una de las procesadas, Evelyn M. M., se separó del resto y admitió que existía tal organización criminal. Aseguró que se sintió intimidada, especialmente por la cabecilla, quien "nos decía que si salíamos del grupo jamás trabajaríamos porque controlaba todo". "Me obligó a comprar hasta un móvil a mi nombre para que no cantara que estaba ella organizando todo", resaltó a preguntas de su abogado, Venancio Herranz, cuya actuación era más propia de un letrado de la acusación que de la defensa.
El juicio continuará hoy con la testificación de la denunciante. La Fiscalía entiende que son autores de un delito de pertenencia a banda criminal, coacciones, contra los derechos de los trabajadores y contra la Administración de Justicia. Se enfrentan hasta a 6 años de cárcel, salvo para la supuesta jefa.
