La espera ha terminado, seis años después. El juicio por la mayor presunta trama de corrupción aragonesa --con permiso de lo que quede de Plaza-- tiene al fin fecha de comienzo, concretamente el 15 de diciembre, a las 10.00 horas.
El proceso comenzará efectivamente este año, pero las tres jornadas de diciembre servirán únicamente para las cuestiones previas (aportación de documentos, peticiones de práctica o anulación de prueba, etc.). Pueden parecer excesivas, pero con 43 imputados con sus respectivos letrados, algunos de los cuales pueden ser de última hora, a los abogados consultados les resultan incluso escasas.
El grueso del juicio se prolongará durante casi tres meses, desde el 11 de enero hasta el 31 de marzo, cuando comenzarán a desfilar los imputados y los testigos en un orden aún por determinar. El auto dictado ayer por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza señalaba únicamente fechas (será en cuatro sesiones semanales, de lunes a jueves) y lugar.
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Y es que el sitio donde se celebra el juicio era otra de las incógnitas que quedaban sobre este macrojuicio, que lleva siendo inminente alrededor de año y medio. Finalmente se celebrará en la sala de vistas número 3 del edificio Fueros de Aragón, el mayor de los dos de la Ciudad de la Justicia. No es sorprendente, ya que la sala de vistas se concibió casi específicamente para albergar este juicio. Pero dada su magnitud, se había especulado mucho con que se tuviera que celebrar en un espacio habilitado específicamente para la ocasión, como sucedió con la Feria de Muestras en el caso del accidente del Yak-42.
Con la fecha fijada, solo quedan algunos flecos que resolver antes de la vista, aunque algunos importantes.
Por ejemplo, saber definitivamente quién defenderá a la principal encausada, la exalcaldesa de La Muela Mariví Pinilla, que afronta solicitudes de 37 años de cárcel, 170 de inhabilitación para cargo público y multas que suman casi 23 millones de euros.
Actualmente la representa Juan Antonio Visús, pero la Audiencia Provincial ha rechazado su petición de liberar 48.000 euros de las cuentas de Pinilla para pagar sus honorarios. El letrado ha recurrido basándose en un posible agravio comparativo: se lo niegan a él, pero el juez Alfredo Lajusticia, que instruyó la causa en La Almunia, sí ha liberado fondos para las minutas de otros letrados que la asistieron anteriormente. Además, pone como ejemplo el caso del exsocio de Urdangarín, Diego Torres, al que sí se le ha permitido en el caso Nóos. Y con fondos de Luxemburgo, con la complejidad que supone.
De no prosperar su recurso, y salvo que quiera trabajar gratis, a Pinilla le asignarían un abogado de oficio que debería estudiar la causa de aquí a diciembre.
El otro primer espada de la operación Molinos que actualmente se encuentra sin abogado es el también exalcalde y primo de Pinilla Carmelo Aured, que recientemente renunció a la representación de César Ciriano. Aún no ha trascendido quién asumirá su defensa.
Además, está pendiente de resolverse (o de trascender la resolución) el asunto del secretario judicial que participó en parte de la instrucción de Molinos, y cuya presunta contratación irregular tiene denunciada en sindicato Manos Limpias. La decisión depende de la Audiencia Provincial de Zaragoza, una vez que Fiscalía opinó que los hechos estaban prescritos y el sindicato recurrió este criterio.
Despejadas estas dudas, el camino quedará despejado para afrontar este juicio con 43 imputados que suman peticiones cercanas a los 150 años de cárcel, 350 de inhabilitaciones para cargo público o 100 millones de euros de multas, derivadas de la belle epoque urbanística de los 90 con La Muela como ejemplo.
