24 de septiembre. Ese es el día que ha elegido la Audiencia Provincial de Zaragoza para iniciar el juicio por la supuesta malversación de 150,5 millones de euros en las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). En el banquillo se sentarán 25 acusados entre los que destacan: el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; los directivos de Acciona, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón; el exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó, y el constructor Agapito Iglesias y el dueño de Porcelanosa, Manuel Colonques, entre otros. La Fiscalía Anticorrupción pide 191 años de cárcel a los procesados, así como 10, 5 millones de euros en multas.

La Sección Primera de este tribunal provincial ha señalado el inicio de la vista oral el 24 de septiembre y la continuación de la misma durante todos los días hábiles hasta el 31 de enero del 2019. El único día de la semana que no se celebrará juicio será los viernes, además de los festivos. La sala en la que se celebrará en la sala 3 de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, la más grande que existe en los juzgados de la capital aragonesa y que se estrenó en otra macrocausa de corrupción: el caso Molinos.

El instructor del caso, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, señaló en el auto en el que cerró la investigación que el proyecto Plaza estuvo viciado desde sus inicios (año 2009), puesto que, supuestamente, García Becerril (se enfrenta a 12 delitos) y Jordán (siete delitos) se unieron para que la UTE formada por Acciona y MLN fuera la responsable de acometer las obras.

En el concurso estaban fijadas dos vueltas. En la primera ganó la UTE de Acciona, pero en la segunda le adelantó ACS/Arascón. Sin embargo, "el exgerente García Becerril, con el consentimiento del director técnico Miguel Ángel Pérez, maniobró para que hubiera una tercera vuelta no establecida en el pliego inicial". Como consecuencia, salió vencedora Acciona/MLN. No fue la única vez. El juez Martínez resaltó que en la segunda fase, en el 2013, ocurrió algo similar, aunque con correos electrónicos en los que el exgerente de Plaza instaba a su director técnico a manipular las puntuaciones. "Aumentó de 7,54 a 20 los puntos en el concepto de oferta económica a la propuesta de Acciona y se rebaja a FCC/Estructuras Aragón a 18,66 puntos", aseveró.

Pero la presunta trama no quedó aquí, a juicio del juez, García Becerril dio un paso más. Utilizó, supuestamente, a su esposa Elena Planté (1 delito) y a sus hijas Carolina y Patricia (6 y 5 delitos), a través de una empresa que llamaron Pulsar y con la que "cobraron comisiones" a las empresas que querían trabajar en Plaza como proveedoras. El magistrado señala a once responsables de las mismas, entre los que resaltan los hermanos Margalejo (7 delitos cada uno), Agapito Iglesias (3 delitos) y Manuel Colonques (3 delitos).

Otra vertiente de la supuesta trama era controlar a los supervisores de los trabajos. En ese escalón estaban trabajadores de la UTE como José Luis Bellido o Alejandro Viñuales (contables y jefes de producción) que tenían que firmar las facturas falsas.

Era tal el beneficio que recibía la UTE de Acciona, asevera el juez, que el exgerente de Plaza recibió regalos como un viaje a Brasil para toda su familia --costó 6.000 euros-- o que el ingeniero que supervisaba todo, Nicolas Groeneveld, llegó a remodelar su vivienda a costa de la plataforma logística.

El nombre de Escó apareció en la causa, después de que la Policía Nacional encontrara un correo electrónico de García Becerril en el que hablaba de las “miserias” del que fuera viceconsejero de la DGA. Si García Becerril tenía, al parecer, un pacto con Acciona, el político lo tenía con un amigo suyo, el empresario Miguel Ángel Floría, (también acusado), llegando incluso a quitarle trabajos. Una práctica que, por ejemplo, supuso un sobrecoste de un 8% en el revestimiento de unas fachadas. También le acusa de comprar unos terrenos que perjudicaron a Plaza y dieron un beneficio de 430 millones a una constructora.