Hoy estaba previsto que comenzara el juicio por el accidente de la Oktoberfest de Valdespartera, ocurrido en las Fiestas del Pilar del 2016 y en el que una mujer resultó herida al caerle sobre la cabeza una de las vigas de hierro de la estructura de la carpa, pero ha sido aplazado. El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza así lo acordó después de que los forenses no hayan dado el alta a la víctima, pendiente de ser operada del cráneo. En el banquillo se iban a sentar el concejal de ZeC Alberto Cubero; el jefe de la oficina económica-jurídica de Servicios Públicos y Personal del ayuntamiento, Enrique Asensio; el dueño de la carpa, Luis Gorrachategui, y el ingeniero que firmó el certificado final de obra, Sergio Espinosa.

El magistrado Eduardo Marquina señala, a través de un auto, que debido a «la importancia» de las cuestiones médico legales que quedan pendientes no se puede realizar el informe sanitario de alta y que ello repercute en la determinación de la responsabilidad civil con la que deberán indemnizar a la víctima. También señala que la acusación particular, realizada por los letrados Alberto Cervera y Óscar Frontiñán, ha calificado escalonadamente como delito de lesiones por imprudencia grave en relación con varios artículos del Código Penal «lo cual dependerá de la gravedad final de las lesiones que dictamine el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA)».

En este sentido, el juez Marquina apunta a que el informe forense también podría afectar a la calificación jurídica y a las penas que hasta el momento se han solicitado en contra de los procesados. La próxima fecha de juicio se señalará cuando esté emitida el alta forense. Actualmente, junto a la intervención jurídica que está a la espera, la mujer sigue de baja laboral y recibe tratamiento rehabilitador y psicológico.

CRITERIOS / En este asunto la acusación realizada por la Fiscalía y por la acusación particular no comparten la misma línea. El ministerio público presentó cargos contra el dueño de la carpa y el técnico supervisó el montaje. Para ellos pide una condena de cuatro meses de prisión y una multa de 2.400 por un delito de lesiones por imprudencia grave. También solicita que se les inhabilite en su actividad laboral.

Frente a esta opción, los abogados de la víctima entienden que la responsabilidad del accidente va más allá del promotor de la carpa y del trabajador que contrató este y lo extiende al concejal Cubero y al funcionario Asensio. Proponen para todos ellos penas de tres años de prisión por un delito de lesiones graves por una imprudencia grave.

A las penas privativas de libertad añaden 118.270 euros de indemnización la Fiscalía, mientras que la víctima solicita unos 250.000 euros.

Las responsabilidades económicas recaen, según las acusaciones, en el Ayuntamiento de Zaragoza, a la empresa Infraestructura y Desarrollo de Espectáculos y Acontecimiento SL, y las aseguradoras Axa, Mapfre y Zurich.

Los encausados consignaron 800.000 euros, si bien el juez instructor, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ordenó el embargo de los bienes a todos ellos por valor de 400.000 euros. Las defensas se opusieron por entender que el dinero ya adelantado cubría lo exigido por la Fiscalía y la acusación particular.