La Audiencia Provincial de Zaragoza ha elegido el 24 de septiembre para iniciar el juicio por la supuesta malversación de 150,5 millones de euros en las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). En el banquillo se sentarán 25 acusados entre los que destacan: el exgerente de Plaza Ricardo García Becerril; los directivos de Acciona José María Jordán y Miguel Ángel Bretón; el exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó, el constructor Agapito Iglesias y el dueño de Porcelanosa, Manuel Colonques, entre otros. La Fiscalía Anticorrupción pide 191 años de cárcel a los procesados, así como 10, 5 millones de euros en multas.
La Sección Primera de este tribunal provincial ha señalado el inicio de la vista oral el 24 de septiembre y la continuación de la misma durante todos los días hábiles hasta el 31 de enero del 2019. Los únicos días de la semana que no se celebrará juicio será los viernes, además de los festivos. La sala en la que se celebrará en la número 3 de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, la más grande que existe en los juzgados de la capital aragonesa y que se estrenó en otra macrocausa de corrupción: el caso Molinos.
El instructor del caso, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, señaló en el auto en el que cerró la investigación que el proyecto Plaza estuvo viciado desde sus inicios (año 2009), puesto que, supuestamente, García Becerril y Jordán se unieron para que la UTE formada por Acciona y MLN fuera la responsable de acometer las obras.
TRAMAS
La presunta trama no quedó ahí, según el instructor que señaló que García Becerril dio un paso más. Utilizó, supuestamente, a su esposa Elena Planté y a sus hijas Carolina y Patricia, a través de una empresa que llamaron Pulsar y con la que «cobraron comisiones» a las empresas que querían trabajar en Plaza como proveedoras. El magistrado apuntó a once responsables de las mismas, entre los que resaltan los hermanos Margalejo, Iglesias y Colonques.
El nombre de Escó apareció en la causa después de que la Policía Nacional encontrara un correo electrónico de García Becerril en el que hablaba de las «miserias» del que fuera viceconsejero de la DGA. Le acusó en dicha comunicación de beneficiar a un amigo suyo, el empresario Miguel Ángel Floría. También le acusa de comprar unos terrenos que dieron un beneficio de 430 millones a una constructora.
