La Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas resolvió 261 expedientes en 2016, según refleja el informe que ha elaborado este órgano, correspondientes a los años 2013, 2014, 2015 y 2016.

Además, recuerda una nota informativa del ejecutivo, esto supone la resolución de un 314 % de reclamaciones, ya que en 2016 las reclamaciones presentadas fueron 83.

A este órgano de Aragón la Ley le atribuye el conocimiento y resolución de las reclamaciones económico-administrativas y del recurso extraordinario de revisión promovidos contra los actos de gestión, liquidación, recaudación, inspección e imposición de sanciones tributarias, relativos a los impuestos propios, tasas, contribuciones especiales, precios públicos y, en general, a la recaudación de todos los ingresos de Derecho público de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Públicos.

Además, es competente para tramitar y resolver las peticiones de suspensión del acto impugnado siempre que se fundamenten en perjuicios de difícil o imposible reparación o en un error aritmético, material o de hecho.

En cuanto a las reclamaciones resueltas se mantiene un número constante a partir de 2012, con un ligero repunte en 2016, consecuencia del incremento de la periodicidad de las reuniones de la Junta y del mayor esfuerzo del personal dedicado a la elaboración y aprobación de resoluciones, cuya dotación de plantilla no ha sufrido alteraciones.

En cuanto al análisis de las materias objeto de reclamaciones presentadas, el informe concluye que se mantiene la tendencia que ya se apuntaba en el informe relativo a 2015 con más de la mitad referidas a Impuestos medioambientales, principalmente, al Impuesto sobre el Daño Medioambiental causado por las Grandes Áreas de Venta.

El resto de materias que concentran las reclamaciones son las relativas a las sanciones impuestas por distintos órganos de la Comunidad Autónoma, entre las que destacan las relativas a procedimientos sancionadores tramitados en materia de transportes.

Por lo que se refiere a las reclamaciones resueltas el mayor número alude a sanciones no tributarias, siendo la práctica totalidad sanciones impuestas en aplicación de la legislación del transporte terrestre.

Como también ocurría en el informe del año anterior, este hecho se debe a que gran parte de las reclamaciones estudiadas son todavía algunas de las presentadas en el año 2013, un ejercicio en el que se produjo un incremento excepcional en el número de reclamaciones en dicha materia, que saturó el normal funcionamiento de la Junta y a las que se está dando resolución en años posteriores.

El segundo grupo de reclamaciones analizadas se concentra en relación con los impuestos medioambientales y, especialmente, el Impuesto sobre el Daño Medioambiental causado por las Grandes Áreas de Venta.

El informe elaborado por el órgano explica, por otra parte, el sentido en el que la entidad se ha pronunciado al dictar sus resoluciones y se aprecia que la gran mayoría tienen un sentido desestimatorio de las pretensiones formuladas, lo cual contrasta con los datos recogidos en las correspondientes Memorias de los Tribunales Económico-Administrativos del Estado, en las que, de forma reiterada en los últimos años, más del 35 % de las reclamaciones interpuestas son resueltas en sentido estimatorio, llegando en el año 2015 a un 41,99 % (total o parcialmente estimatorias).

En el caso de Aragón, una vez emitidas las resoluciones, solo un 20 % de ellas son objeto de recurso contencioso-administrativo, siendo el objeto litigioso, fundamentalmente, el Impuesto sobre el Daño Medioambiental causado por las Grandes Áreas de Venta.

Por lo que se refiere al estado de las reclamaciones, a fecha 1 de enero de 2017, están pendientes de resolverse 234 reclamaciones: 13 de ellas correspondientes a las presentadas en 2014, 152 en 2015 y 83 de 2106.

Y en cuanto al importe total de las cuantías de las reclamaciones objeto de revisión, asciende a más de nueve millones de euros frente a los 1.700.000 euros del año anterior. Esto se debe al mayor número de expedientes despachados relativos a impuestos medioambientales (56 frente a los 10 de 2015), ya que solo la cuantía de las reclamaciones derivadas de los mismos ascendió a casi 8 millones de euros.

El informe concluye con una serie de propuestas de mejora que pasan por impulsar la agilización de la tramitación y posterior resolución de las reclamaciones pendientes y apostar por la política de transparencia y divulgación de las actuaciones de la Junta. Con el propósito de cumplir este último objetivo, se articulan varios ejes de actuación:

Incorporación de un formulario de interposición de reclamaciones económico-administrativas y recursos extraordinarios de revisión a la Oficina Virtual de Trámites del Gobierno de Aragón y en el Catálogo de Procedimientos.