Se celebra el 6 de diciembre con gran pompa y boato el día de la Constitución. Si alguien tiene la osadía de cuestionarla recibe ataques furibundos, acusándole de poner en peligro nuestra democracia, que con tanto esfuerzo hemos conseguido implantar. Tomo la palabra. No la cuestiono. Nuestra Constitución es clave en nuestra democracia.
Observamos que el presidente, ministros del Gobierno, y la mayoría de los diputados y senadores la juran. Mariano Rajoy lo hizo como presidente del Gobierno en el Palacio de la Zarzuela con la mano derecha sobre la Constitución y la izquierda sobre la Biblia, ante la mirada de Felipe VI y con el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, como Notario Mayor del Reino. «Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo como presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros». Estuvieron presentes los presidentes del Congreso y del Senado, Ana Pastor y Pío García-Escudero; y los del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Francisco Pérez de los Cobos y Carlos Lesmes.
Pocos días después, la vicepresidenta y los doce ministros juraron guardar y hacer guardar la Constitución en la ceremonia, celebrada en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela ante la Constitución, la Biblia y el Crucifijo.
Los nuevos diputados de la XII Legislatura hicieron el juramento o promesa de la Constitución. Los parlamentarios de Unidos Podemos y las confluencias usaron una fórmula distinta al «sí, juro» o «sí, prometo», lo que generó abucheos. En definitiva, el gobierno y nuestros diputados y senadores con diferentes matices, todos juraron respetar o acatar nuestra Constitución. Perfecto. ¿Cuál es el grado de respeto a nuestra Carta Magna de nuestros representantes políticos tras esos juramentos tan solemnes, ante tanta Constitución, Biblias y Crucifijos? ¿No somos un Estado aconfesional?
En el Congreso de los Diputados, y en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, lucha contra la corrupción y las reformas institucionales -trabajo no le va a faltar- del 4 de mayo de 2017, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, José María Gimeno Feliu les dijo a bocajarro a los diputados: «Porque al margen de las cuantías concretas, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia por dar un dato, que sabrán sus señorías, ha cuantificado en 47.000 millones el coste de la ineficiencia en contratación pública y que el coste de la corrupción entre los 10.000 y los 13.000 millones. Cuando la política de dependencia son 7.000 millones, creo que es de elección adoptar medidas que corrijan disfunciones, ya no solo porque lo pida la ciudadanía, sino por la lógica de la mejor optimización de los recursos públicos según mandato constitucional del artí- culo 31.2.: «El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos pú- blicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía».
En la Subcomisión para elaborar un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación del 8 de mayo, el profesor titular del Departamento de Sociología y Antropología Social; y director de Creatividad e Innovación Educativa de la Universidad de Valencia, Frances Jesús Hernández i Dobon, señaló: «Tal vez no hayan leído en los periódicos la noticia de que Espa- ña ha batido su récord de desigualdad en la serie histórica registrada por Eurostat. Se habla mucho de los récords de temperatura, pero no se dice nada de que alcanzamos récords de desigualdad. Y si no han leído esta noticia en los periódicos o no la han visto comentada, señoras y señores parlamentarios, harían bien en preguntarse por qué esas evidencias estadísticas no son materia de debate social, político o parlamentario. Recuerden que nuestra Carta Magna, aquella que ustedes han prometido o jurado acatar, se abre en su artí- culo 1.1 con el siguiente texto: «España se constituye en un Estado social y democrá- tico de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurí- dico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». Por tanto, la igualdad no es un deseo benevolente o piadoso, sino uno de los cuatro valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. El aumento de la desigualdad social no es una fatalidad ni el efecto de la crisis económica en sí misma, ya que hay países muy castigados por la crisis, como Irlanda, Islandia o Portugal, en los que ha disminuido la desigualdad durante estos años; sino el resultado de políticas socioeconómicas como las que se han legislado o convalidado en esta Cámara en los últimos años; polí- ticas de regulación del mercado laboral y precariedad para la clase obrera y transferencia de dinero público y beneficios fiscales para los detentadores de la riqueza. Yo a lo dicho por el profesor añado el Art. 9.2: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad e igualdad sean reales y efectivas…».
