Las residencias de ancianos de Aragón funcionan en general bien aunque pueden mejorar, según un informe presentado hoy por el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, quien alertó de que puede haber casos de exceso de sedación a ancianos que "dan la lata" y se ven "adormecidos".
Así lo aseguró en la presentación del "Informe sobre la situación de las residencias de personas mayores en Aragón", en la que alertó del exceso en el uso de tranquilizantes, del que tienen "sospechas" que no han podido constatar, y aunque no es una práctica habitual es "inadmisible" y se produce tanto en residencias públicas como en privadas y por cuidadores de ancianos en sus domicilios.
Esa es una de las conclusiones que destacó García Vicente del estudio, aunque en una rueda de prensa posterior, la consejera de Servicios Sociales y Familia del Ejecutivo aragonés, Ana Fernández, aseguró que no le costa denuncia alguna por exceso de sedación y que además desconoce el contenido de este informe, que el Justicia envió hace quince días a las Cortes pero no al Departamento. Este informe, realizado durante nueve años, indica que el perfil mayoritario del usuario de las residencias es el de una mujer de unos 80 años con deterioro físico y psíquico.
El estudio se basa en la visita a 120 de las 293 residencias que existen en la Comunidad -en las que en 3 ó 4 se detectaron casos de maltrato en ese periodo- y que ofertan 15.248 plazas, el 38% públicas (de las que 1.276 son concertadas) y el 62 por ciento privadas.
Esto supone, precisó el Justicia, una cobertura de 5,8 plazas por cada cien mayores de 65 años en Aragón, lo que sitúa a la Comunidad en la tercera que más cobertura presta, por encima de la media nacional, de 3,7.
En cuanto a los centros de día, existen 55, con una oferta de plazas de 1.651 (el 40% públicas), de las que 182 están concertadas, lo que supone 0,6 plazas por cada mayor de 65.
En estos nueve años, el Justicia ha tramitado 302 expedientes, 147 quejas sobre residencias (en relación con listas de espera, criterios de acceso, precios, estado o funcionamiento) y 155 expedientes de oficio sobre la misma materia, con 40 sugerencias a la administración.
Existe, dijo, una insuficiencia de plazas públicas (3 de cada 4 residencias son privadas) ante el avance del envejecimiento de la población, con una tasa del 21% frente al 17 nacional (uno de cada cinco habitantes de Aragón es mayor de 65 años), lo que unido a los cambios de rol en la familia favorece el incremento de la demanda.
Al respecto, el Justicia aboga por la concertación de plazas allí donde no haya residencias públicas o estén saturadas, al tiempo que propone los acogimientos de mayores como alternativa a la residencia, a cambio de una aportación económica.
Además, para el Justicia es necesario incrementar las plantillas de las residencias públicas, que cubren la normativa, de hace quince años, pero que se han demostrado insuficientes dado el aumento de los ingresos y de mayores dependientes, mientras que las privadas falta cualificación y estabilidad en el empleo en muchos casos, lo que repercute en la calidad del servicio.
El Justicia sugiere, en relación con los usuarios de residencias alejadas del entorno familiar, que se estudie el establecimiento de precios de transporte asequibles y que se prime la solicitud de traslado sobre las de nuevos ingresos.
Sobre las aportaciones que los usuarios deben hacer, el Justicia defendió perseguir "con ahínco" los fraudes de quienes ceden su patrimonio a sus familiares para beneficiarse de las ayudas de la administración, que debe controlar e inspeccionar las tarifas de los centros privados y la ampliación de las ayudas económicas previstas para las residencias a los centros de día.
También llamó la atención sobre la necesidad de atender a quienes por renta no pueden acceder a una residencia privada pero tampoco a una pública, porque están en "tierra de nadie" y en ocasiones en una situación "dramática".
El aumento de la plantilla de inspectores es otra de las recomendaciones del Justicia, ante el incremento de usuarios y del número de residencias (las privadas han pasado de 38 en 1987 a 187 en 2006), ya que está a cargo de siete personas para toda la Comunidad, con 165 controles en año pasado.
El informe hace referencias además a los derechos y deberes de los usuarios y a la obligatoriedad de los centros de disponer de un régimen interno, así como de los órganos de participación y representación que exige la normativa.
