El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, anunció ayer que las partidas destinadas a financiar las competencias sobre los tribunales eludirán el recorte presupuestario que padecerá el año que viene toda la Administración autonómica. "No tengan ninguna duda que en estos cuatro años, que van a ser difíciles en el ámbito presupuestario, a la Justicia no se le va a dejar a un lado", dijo, al tiempo que mostraba el compromiso de la DGA para finalizar "en plazo" todas las obras de edificios judiciales que están en marcha.

Bermúdez de Castro hizo el anuncio tras la firma, en el edificio Pignatelli, de un convenios de colaboración para crear una comisión mixta de coordinación con el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Próximamente, la DGA suscribirá acuerdos similares con la Fiscalía Superior y los secretarios judiciales.

El consejero mostró su preocupación por los continuos fallos de funcionamiento de las redes informáticas --la clave de los errores está en la incapacidad de los servidores-- y los programas que utilizan los operadores judiciales, aunque fió su resolución al Gobierno central que salga el domingo de las urnas. "Debemos conseguir medios compatibles" y "conseguir un programa informático que se ajuste a las necesidades y al siglo XXI", señaló.

MADRID Bermúdez explicó también que la directora general de Justicia, Tomasa Hernández, se ha dirigido al actual ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para abordar este asunto, aunque todavía no ha recibido respuesta.

El presidente del TSJA, Fernando Zubiri, recordó que los jueces aragoneses vienen reclamando una revisión de los recursos informáticos de los juzgados para mejorar la eficiencia de la Justicia. Fiscales y secretarios comparten esa postura, lo mismo que otros operadores como abogados y procuradores, además de los funcionarios.