El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, reclamó "más esfuerzo" para aumentar los recursos asistenciales a las urgencias hospitalarias. Lo hizo ayer en Madrid, en la presentación del estudio Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes que ofrecieron de forma conjunta los Defensores del Pueblo de España.
Todos ellos subrayaron la importancia de que las personas tengan una "mayor educación sanitaria" para conocer el papel de las urgencias hospitalarias que, fundamentalmente, consiste en la estabilización del enfermo y poder decidir si acudir a estos servicios o a otros recursos asistenciales fuera de los grandes hospitales, para los que el Justicia pidió una mayor atención.
Para el Justicia, los problemas de urgencias, sobre todo la saturación y las esperas, "no se pueden solucionar de forma aislada" y hay que considerar el sistema sanitario asistencial "en su conjunto".
Es la primera vez que estas instituciones coordinan un estudio conjunto y el tema elegido responde a una preocupación compartida y basada en las quejas de los usuarios de estos servicios, sobre saturación, inadecuación de las instalaciones, largas esperas, falta de intimidad, disconformidad con el diagnóstico, falta de personal o inadecuada atención por parte del médico en formación.
INFORMES
Entre los expedientes en tramitación por el Justicia figura la saturación del servicio en el hospital Royo Villanova, centro de referencia de la margen izquierda. "Sobre este centro también hemos recibido las quejas del personal de enfermería poniendo de manifiesto la escasez de personal", indicaron desde el Justicia.
Según el estudio, las situaciones de saturación suponen "un menoscabo a la dignidad de los pacientes" y para aliviarlas propone promover la gestión de altas tempranas, programar reservas de camas en planta en función de los ingresos previsibles en urgencias, establecer criterios de ingreso pactados en las distintas especialidades o mejorar la gestión del transporte sanitario para no ralentizar la salida de los pacientes de urgencias.
El informe también constata que el derecho de los inmigrantes a recibir del sistema público atención sanitaria urgente se ve "mediatizado" por prácticas administrativas concretas como la obligación de suscribir compromisos de pago con carácter previo a la asistencia, "lo que genera inquietud y puede tener un efecto disuasorio", añade y recuerda que el derecho de este colectivo se prolonga hasta el alta médica, es decir, más allá de los servicios de urgencias, por lo que "debe estar garantizado".
En relación con las personas en situación de fragilidad, los defensores insisten en la necesidad de facilitar su acompañamiento por familiares o allegados, o por personal formado para esta atención con horarios y disponibilidad adaptada a las franjas de mayor asistencia. Asimismo, aboga por "una mejor coordinación entre los diferentes niveles asistenciales" que permita prestar una debida atención a los enfermos crónicos, a los de edad muy avanzada y a las personas en riesgo de exclusión social, "para quienes las urgencias son siempre el recurso más idóneo".
