El Justicia de Aragón, Fernando García-Vicente, ha mediado con el Gobierno aragonés para que conceda una pensión no contributiva a un matrimonio residente en Zaragoza que dejó de percibir recientemente la pensión de jubilación que le remitía el Estado de Venezuela, donde el marido trabajó y cotizó durante 40 años.

En un comunicado, la institución de El Justicia señala que la sugerencia hecha al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Ejecutivo aragonés pretende "aliviar" la situación de desamparo de la pareja tras dejar de percibir la pensión que les correspondía en Venezuela.

La cotización del marido en el país sudamericano y el hecho de que la mujer estuviera a su cargo provocó que el Instituto de Servicios Sociales (IASS) desestimara su petición de ayuda, aún a pesar de no percibir ya la pensión de la que se servían para subsistir.

La mediación del Justicia de Aragón ha propiciado que el Departamento de Derechos Sociales haya hecho una "interpretación favorable" de la normativa para conceder una pensión no contributiva a la mujer, "teniendo en cuenta los ingresos reales del matrimonio".

Advierte la institución de El Justiciazgo que éste no es un "caso aislado" sino que afecta a un número relevante de personas que tras haber trabajado tiempo suficiente en Venezuela, se han visto "irremediablemente obligadas" a recurrir a los servicios sociales.

Esta situación, añade, afecta de forma especial a las comunidades autónomas de Asturias, País Vasco y Galicia, que han aplicado soluciones distintas para hacer frente a las dificultades de estas personas.

Así, en Asturias y País Vasco estas personas pueden acogerse a una salario social básico, mientras que en Galicia, tras una decisión de su Tribunal Superior de Justicia, derivan la demanda de ayudas al Estado español