El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido al Gobierno de Aragón que se plantee reducir la carga fiscal del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, aumentando las bonificaciones y exenciones fiscales para que sea menos gravoso, sin perjuicio de que también se dirija al Gobierno Central para que modifique la norma del Impuesto con el fin de garantizar idéntico tratamiento en todo el Estado. La Sugerencia del Justicia cierra un detallado informe elaborado a instancias de las 63.000 firmas presentadas por la asociación Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía, que presentó una queja ante la Institución en la que mostraba la disconformidad de los aragoneses con la regulación vigente en Aragón del Impuesto sobre Sucesiones.

Para el Justicia, a este impuesto no se le puede poner «tacha» ni de legalidad ni de inconstiucionalidad, pero es un impuesto histórico en recesión, base del sistema recaudatorio de otros tiempos, criticado por hacendistas en cuanto que no encaja bien dentro de un sistema impositivo moderno que tiende a gravar más los beneficios que se producen que la fuente de riqueza que los genera y que además recae sobre las clases medias.

El Informe continúa planteándose si el impuesto es compatible con el principio de igualdad recogido en la Constitución que prevé los mismos derechos y obligaciones para todos los españoles con independencia de su lugar de residencia, así como un sistema tributario justo, de acuerdo con la capacidad económica de las personas inspirado en los principios de igualdad y progresividad y, por lo tanto, sin excepciones.

El informe insta a tener en cuenta que algunas de las Comunidades en las que hay notorias exenciones son vecinas, lo que provoca el que haya desplazamientos reales del domicilio fiscal para obtener un trato más favorable. Otro aspecto que apunta el Informe, es que no se trata de un impuesto generalizado ni Europa ni en los países de la OCDE.

García Vicente destaca el fuerte rechazo social del impuesto y la recogida de más de 100.000 firmas, que es un impuesto , sino a la clase media que “ha ahorrado con privación, esfuerzo y sacrificio” pensando en poder vivir dignamente hasta el final de su vida, o en ayudar a sus hijos.

A juicio del Justicia de Aragón, es fundamentalmente la clase media ahorradora y urbana la que está pagando este impuesto con sus ahorros, invertidos muchas veces en la compra de un piso, porque pese a que el valor de los inmuebles ha bajado, el de los valores catastrales ha aumentado de manera muy notable, con las consiguientes repercusiones en el Impuesto de Sucesiones, que en Aragón es de los más altos.