La Justicia ha vuelto a dar la razón a los cooperativistas de Arcosur. Esta vez ha sido la Audiencia Provincial de Madrid, que ha desestimado el recurso presentado por Ibercaja al auto del Juzgado de Primera Instancia número 99 de Madrid por el que obligaba a la entidad financiera a abonar el aval que reclaman los vecinos por incumplimiento del contrato.
Los particulares de las Cooperativas de Zaragoza Sur y Colectivas y Unifamiliares Arcosur reclaman la devolución de la fianza que garantizaba la recuperación de las cantidades invertidas en la cooperativa en caso de que la construcción y finalización de las viviendas no se realizaba en el plazo conveniado. La entidad bancaria centra su argumentación en dos aspectos: que se trata de Viviendas de Protección Oficial (VPO) y que los cooperativistas se dieron de baja.
En el auto de la Audiencia, contra el que no cabe recurso, el juez argumenta que "el aval otorgado se entenderá irrevocable y únicamente quedará sin efecto una vez otorgada la calificación definitiva de VPO". Sin embargo, hace referencia a la Ley de Ordenación de la Edificación que dice que la norma se aplicará a "toda clase de viviendas".
El magistrado considera que la baja por parte del cooperativista "no desliga" las obligaciones "en tanto no se liquiden las relaciones entra ambas partes", es decir, los derechos y obligación se mantienen hasta su sustitución por otro socio. Algo que no sucedió. El juez considera que es necesario distinguir entre la caducidad del la fianza y el plazo para reclamar las obligaciones derivadas del mismo, por lo que mantendrían el derecho de exigir la cuantía y los intereses generados.
La entidad financiera entiende que lo que cubría el aval era que no se acabasen las obras en tiempo y forma. Pero el contrato, alegan los cooperativistas, incluye que no se entregasen las viviendas en la fecha acordada.
El despacho de Lamana abogados ha llevado ante los tribunales los casos de más de 70 cooperativistas de Zaragoza Sur y unos 35 de Colectivas y Unifamiliares Arcosur. Los particulares reclaman entre 25.000 y 45.000 euros.
