La Audiencia Provincial de Zaragoza juzgó ayer a un empresario por, supuestamente, defraudar a la Seguridad Social 1,6 millones de euros. Ante los magistrados, el encausado, Daniel P. C. reconoció la deuda con el organismo, si bien no compartió ni la cantidad que se le reclama -él la rebajó a un millón- ni que detrás del impago esté algún tipo de intencionalidad delictiva. Apuntó a la crisis económica como la única razón de esta deuda adquirida.

Daniel P. C. aseguró que había pagado «religiosamente» desde el inicio de su actividad económica como administrador de varias sociedades dedidadas a la venta de inmuebles, artículos de hogar y ferretería, en el 2004, hasta que comenzaron «los problemas de liquidez», en el 2012. «De repente, los bancos nos cortaron el grifo crediticio, algunos clientes nos dejaron de abonar las ventas y la cifra de negocio bajó de forma importante», se justificó.

Una argumentación que puso en duda el abogado de la Seguridad Social, quien le espetó que, mientras dejaba a deber, hacía compras de productos por valor de hasta 4 millones de euros. El enjuiciado señaló que no iba a dejar morir su negocio porque su intención siempre fue la de responder a las obligaciones. «Me esforcé por pagar, de hecho tengo todos mis bienes embargados», recalcó.

Daniel P. C. rechazó que realizara «trasvases» de trabajadores entre las diferentes sociedades o el cambiar sus categorías profesionales con la intención de no tener que pagar lo que le correspondería en realidad. «Cada empresa tenía su plantilla», matizó.

GESTOR

Este empresario zaragozano quiso dejar claro que, aunque su nombre figuraba en el conglomerado de empresas que formaban el grupo societario, él no estaba al frente del día a día de las mismas, sino que se encargaba de ello un gestor externo. «Yo me dedicaba a viajar y ha hacer compras», resaltó, mientras apuntó que «no estaba pendiente de las cuestiones de altas o bajas de los trabajadores». Unas explicaciones que no satisficieron a las acusaciones realizadas tanto por el ministerio público como por la propia Seguridad Social, que solicitaron a la Sección Tercera del tribunal provincial que sea condenado a cinco años de prisión.

Asimismo, pidieron que pague una indemnización del cuádruple de esta cuantía como multa, es decir, 6.500.655,20 euros y que se le prohíba obtener subvenciones o ayudas públicas así como gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años.