El que fuera alcalde de Añón y actualmente consejero comarcal por el PP en Tarazona y el Moncayo, Pedro Ramiro Abadía Pérez, volvió a sentarse en el banquillo de la Audiencia de Zaragoza tres años después de que fuera condenado por una estafa inmobiliaria. En aquel entonces aceptó 2 años de prisión por una estafa inmobiliaria y en esta ocasión se enfrenta a tres años que solicita la Fiscalía por un delito similar. En concreto, dos de sus vecinos le acusan de engañarles con unos terrenos que le entregaron a cambio de un piso, un garaje y un trastero en el edificio que iba a construir Ramiro y otro de los acusados, José María N. S. El contrato privado se incumplió, apuntaron.

Ante los magistrados del tribunal provincial, este hombre señaló que él era un simple apoderado de la constructora Moncayo Sostenible y que su labor fue la de una especie de comercial para adquirir los terrenos. Sobre las gestiones de la promoción como, por ejemplo, que la constructora tuviera que pedir una hipoteca para poder levantar el edificio, grabándose sobre los pisos, lo desconocía.

Abadía Pérez reconoció que acompañó a los denunciantes al notario para que firmaran el contrato, si bien recalcó que él no tuvo nada que ver con este acto y que ni su firma aparece en el mismo.

Su socio en la empresa, José María N. S., que se enfrenta a dos años de prisión que solicita el ministerio público, señaló que Pedro Ramiro Abadía Pérez era un miembro más de la sociedad mercantil. «Él llego a unos acuerdos que se acabaron plasmado en unos documentos, yo cuando los conocí ya estaban firmados», apuntó.

El encausado admitió que durante la construcción llegó la crisis y que hubo un problema de liquidez. «Cuando llegó la fecha en la que estábamos obligados a dar los pisos, pedimos la hipoteca para concluir la promoción», aseveró. «No devolvimos nada, pero el objetivo era dar el dinero, pero antes teníamos que acabar la obra para obtener un beneficio empresarial», apostilló este encausado. Los denunciantes, por su parte, culparon de forma insistente a Pedro Ramiro Abadía Pérez, que en el momento en el que se produjeron los hechos enjuiciados era teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Añón. «Era nuestro amigo, había una confianza de la que abusó», apuntaron.