El ejeano Antonio Miguel B. M. se sentó ayer en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, acusado de haberse quedado una señal de 16.000 euros por una cosechadora que iba a vender a una pareja de agricultores de Guadalajara, con un valor total de 66.550 euros. Una máquina que no entregó, y cuya señal no ha devuelto, dos años después. Por ello, el fiscal mantuvo que debería ser condenado a un año de cárcel por apropiación indebida, y los agricultores afectados, a seis, ya que su abogado, Javier Martínez, califica los hechos no solo como apropiación sino también como estafa.

El acusado, defendido por Cristina Ruiz-Galbe, admitió únicamente que sigue teniendo en su poder 10.000 euros, ya que los otros 6.000, que habrían sido entregados en efectivo, según las acusaciones, nunca llegaron a dárselos, aseguró.

De hecho, su justificación para no haber devuelto el dinero es, precisamente, que querían darle «parte del dinero en negro», y él no trabaja en B. Tras las preguntas de las partes, quedó claro que la argumentación era que él no entregaba la cosechadora hasta que no le pagasen, y los clientes no pagaban hasta que no se la diese.

La acusación considera que el hecho de que les prometiese trabajos extra, o pusiera excusas de homologación para no entregarla, constituyen pruebas de engaño que elevaría los cargos a la estafa.