Un jurado popular juzgará entre mañana y el próximo jueves en la Audiencia de Zaragoza a un hombre que se enfrenta a una petición fiscal de 18 años de prisión por el violento asesinato, hace dos décadas, de Eduardo Montori, cuyo cuerpo apareció decapitado en su domicilio de Ejea de los Caballeros.

La labor del laboratorio central de criminalística de la Guardia Civil, con los nuevos medios tecnológicos disponibles en la actualidad, permitió identificar dos meses antes de la prescripción del delito una huella dactilar impresa en una mancha de sangre.

El acusado, Pablo Miguel C.L., que ya fue arrestado en octubre de 1996, un mes después de producirse el crimen, recibió la noticia de su procesamiento en julio del año pasado en la prisión de Zuera, donde cumple condena por otros delitos relacionados con peleas en bares de Ejea.

A raíz de un atestado de la policía local de esta localidad de noviembre de 2015 que relata que el procesado amenazó a los agentes que le custodiaban en el calabozo "con matarlos, igual que había matado a Eduardo Montori", la titular del Juzgado de Instrucción de Ejea acordó reabrir el caso y enviar las huellas obtenidas en la inspección ocular a los expertos de la Guardia Civil.

Con los nuevos medios disponibles, éstos confirmaron que la huella situaba al acusado en la escena del crimen.

En su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal relata que en la madrugada del 9 de septiembre de 1996 el acusado accedió al domicilio de la víctima, con la que mantenía una relación de amistad y con la que se dedicaba al tráfico de drogas "a baja escala".

Destaca la acusación pública que tras una discusión posiblemente relacionada con el tráfico de drogas, el procesado, que contaba entonces con 24 años, le asestó a su víctima múltiples puñaladas en el tórax que le causaron dieciséis heridas que afectaron en su mayor parte a órganos vitales.

El escrito apunta que el acusado depositó posteriormente el cadáver en la cama de la propia víctima y le cortó la cabeza con el arma blanca que portaba antes de quemar el cuerpo.

La cabeza de Montori nunca llegó a ser localizada por los agentes de la Guardia Civil que se hicieron cargo de la investigación del crimen.

El fiscal tipifica los hechos como un presunto delito de asesinato y solicita para el acusado una condena de 18 años de prisión, así como el pago de una indemnización de 80.000 euros al hijo de la víctima.

Por su parte, el representante de la acusación particular tipifica también los hechos como un delito de asesinato pero eleva la petición de condena a 20 años de prisión y subsidiariamente, en caso de descartarse la acusación por asesinato, reclama una condena de 15 años de cárcel por un delito de homicidio doloso.