Antonio Morán, decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (Reicaz), acoge desde hoy las dos jornadas del IV Congreso de la Abogacía Aragonesa, un foro de debate sobre el actual estado y las perspectivas de la profesión.

-Hacía 18 años que no se celebraba el congreso, ¿por qué recuperarlo ahora?

-No hay ningún motivo en especial. Es cierto que desde el año 2000, en Teruel, no se celebraba. Pensamos que durante estos años ha habido muchas reformas y evoluciones, no solo en legislación, que son evidentes, sino cambios sociales, tecnológicos, a los que los abogados tenemos que adaptarnos rápidamente. Tanto que no da tiempo a reflexionar. Por eso decidimos reunirnos 200 compañeros y ver adónde va la abogacía.

-¿Qué temas hay que analizar?

-Hay diversas ponencias, sobre tecnologías de la información y la ciberdelincuencia, también sobre esta pugna entre el derecho a la propia imagen y la libertad de información que se da en los llamados juicios paralelos. También se tratará la siempre candente previsión social, en medio del debate de las pensiones o los recortes en sanidad. Y también la unción social de la abogacía, los eternos problemas del turno de oficio y los servicios que en Aragón lleva aparejados.

-Hablando de eso, ¿se ha alcanzado alguna solución para el pago del Servicio de Orientación Penitenciaria (SOP)?

-La ley de Justicia Gratuita que incluía los servicios de atención y asesoría jurídica a mujeres, inmigrantes y presos se aprobó a finales del año pasado, llevamos la mitad del 2018 y sigue sin desarrollarse. El SOP lleva dos años sin financiación, con el colegio pagando hasta la gasolina de los letrados que van a las cárceles, y con la ley aprobada, seguimos igual. Esta mañana (por ayer) he tenido una reunión en Madrid y he constatado entre colegas abogados que se sigue con interés la aprobación de esta ley puntera, que da rango de ley a estos servicios que extienden el derecho a la defensa. Se ha de desarrollar, España nos está mirando.

-Las jornadas también tratan sobre la mediación. ¿Poner en manos de abogados el sistema que saca asuntos del juzgado no es un contrasentido?

-Entiendo que haya quien piense así. Pero olvidan que en Aragón, el centro que más mediadores acreditados tiene, más de 150, es el Colegio de Abogados de Zaragoza. Pero hay que tener en cuenta muchos factores. Porque el proceso de mediación tiene un coste inicial para el ciudadano, que el judicial puede no tener. ¿Quién lo asume? En cualquier caso, está bien publicitar y formar en mediación, los programas de la DGA son adecuados y los colegios profesionales colaboran en ellos, no hay que abandonarlos.

-En los últimos tiempos parece que todos los operadores judiciales se reivindican, ¿qué tiene que decir la abogacía al respecto?

-Que bienvenidos, nos alegramos que otros se unan a las reivindicaciones de modernización que llevamos tanto tiempo haciendo. Lo que hace falta es el pacto por la justicia del que se lleva tanto tiempo hablando y nunca se hace, con inversiones. Pero claro, la Justicia no da votos.