Hace ocho años, Antonio Laguarta recibía la llamada del entonces presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, quien le preguntaba si estaría dispuesto a organizar y presidir la Cámara de Cuentas, el organismo de control de las finanzas públicas que se iba a crear y que cerraba así la arquitectura institucional autonómica. A pesar de que por aquel entonces Laguarta ocupaba el jugoso puesto de diplomático en el comité de Auditoría de la OCDE, en París, representando a España, asumió el reto por ilusionante y por terminar su carrera profesional en su tierra, Aragón. En el 2010 se creó este órgano, que en sus primeros siete años de vida ha realizado más de cien informes fiscalizadores y se ha asentado en la comunidad. Esta semana dejó el cargo, siendo sustituido por Alfonso Peña.

-¿Hace un balance satisfactorio de estos siete años de trabajo?

--Pues sí, me voy satisfecho. El trabajo de auditoría es un trabajo concienzudo, meticuloso, de revisar papeles... Igual tienes que revisar mil y cinco mil papeles de todo lo que han contratado para dar una opinión externa, lo que exige un buen número de medios. Nosotros partíamos de cero y con aportaciones modestas, y aunque falta mucho, hemos hecho lo que hemos podido, incluso más. El balance es positivo.

-De hecho, la escasa dotación presupuestaria de este órgano ha sido un caballo de batalla...

--Cuándo nos preguntaron qué necesidades íbamos a tener, estudiamos las cámaras vecinas y consideramos que para ejercer dignamente el trabajo necesitábamos 30 auditores y otras diez personas auxiliares. En total, unos 5 millones de euros. Lo propusimos y al día siguiente nos dijeron que nos daban la mitad. Nos resignamos y dijimos a ver cómo salimos. También es cierto que hemos nacido en plena crisis, y ha habido necesidades prioritarias. Me consta que a partir de ahora va a haber algo más de dinero para tener más medios.

-¿La dinámica de inicio sirve para el futuro?

--Hemos fiscalizado mucho, pero nos falta por fiscalizar algo. Lo que he propuesto es que nos dejaran aprobar un plan estratégico para los seis años de un mandato, de forma que todas las entidades que son nuestra competencia pudieran ser fiscalizadas, tanto las 68 de la comunidad autónoma como las 1.040 de la administración local, de modo que todas pasaran por revisión al menos una vez por mandato. A las Cortes no le pareció mal la propuesta y mi sucesor, un extraordinario conocedor de la Cámara, hará ese plan. Afortunadamente, ahora que parece que vamos saliendo de la crisis, por primera vez quizá tengamos una ligera ampliación de plantilla, lo que hará que se podrá cumplir ese plan.

-¿Se ha encontrado muchos obstáculos por parte de las administraciones fiscalizadas?

--La impresión que tengo es que en Aragón somos bastante cumplidores. Siempre hay gente que bordea sus obligaciones, pero el primer paso para la transparencia, que es que las entidades presenten cuentas, se hace en un alto porcentaje. Cuando llegamos, solo un 5% de los entes locales presentaban en plazo la documentación. Nuestro empeño ha sido insistirles, asesorarles, llamarles... y este año estamos ya en un 80% de cumplimiento en fecha. 10 puntos más que la media nacional de España. Hay comunidades que solo están al 30%.

-Además muchos pequeños pueblos carecen de medios para ordenar la documentación...

--Esa es otra peculiaridad. Hay muchos municipios que por su tamaño no tienen personal cualificado, ni interventor profesional, y hacen un gran esfuerzo.

-¿Ha apreciado hechos supuestamente delictivos que hayan tenido que ser llevados a Fiscalía?

--En el control de cuentas es muy difícil ver el delito. Somos un órgano preventivo. Nadie pone en una factura una comisión del 3% o te entrega un recibo fraudulento. Pero hay una materia, que es la responsabilidad contable, que sin ser delito, sí mira la Fiscalía. Es la responsabilidad patrimonial por decisiones que ha tomado un gestor público ocasionando un perjuicio a las cuentas pú- blicas. Eso lo controla la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, el único órgano competente para revisar cuestiones penales. De este tipo hemos encontrado alguno, que hemos puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas.

-¿Se cumplen las recomendaciones que han elaborado cuando han apreciado alguna irregularidad?

--Las recomendaciones son una de las partes fundamentales de nuestro trabajo. El papel primordial de los órganos de control es que sirvan para mejorar la gestión. Si no sirven para eso, no sirven para nada, más bien estorban. Por eso elaboramos una serie de recomendaciones, principalmente en materia de contra-tación y subvenciones, que mejoran la eficiencia del gasto del dinero público. Ese es nuestro papel más importante. Hay algunas instituciones más opacas que otras, pero se van cumpliendo.

-¿Ha recibido presiones?

--En siete años, no he tenido nunca la impresión de que alguien haya intentado presionarme o influir sobre mi responsabilidad.

-¿Qué le parecen las oficinas antifraude, como funcionan en Cataluña o Valencia? ¿Sería bueno que hubiera en Aragón, o asumen ustedes parte de su trabajo?

--Cumplen funciones diferentes. En cualquier caso, nosotros no podemos asumirla por la falta de medios que arrastramos, y no sé si en Aragón sería necesaria tanta infraestructura.

-El director de la oficina antifraude decía que gran parte de la corrupción se originaba en las empresas públicas. ¿Usted coincide en esa apreciación?

--En Aragón nosotros hemos fiscalizado esas empresas y creemos que es un modelo válido.

-¿Cree que la Cámara de Cuentas ha evitado episodios de corrupción en Aragón?

--Creo que sí. Simplemente por ese efecto preventivo, que ha servido para que los gestores públicos, honestos la inmensísima mayoría, sepan que están muy controlados y sean más cuidadosos con el dinero público.

-¿Funcionan bien los portales de transparencia?

--La transparencia es básica. Pero muchas veces se han incluido cosas en la transparencia que poco tienen que ver con ella y mucho con la pura curiosidad y el morbo. Eso puede hacer que a veces se confundan los términos. Es mucho más transparente conocer cómo se gestiona una partida de cien millones que saber la marca del coche de un político.

-¿Cuáles son los retos de futuro?

--Eso le toca ya a mi sucesor, no me entrometo. Pero creo que es la apuesta por el principio de eficacia, eficiencia y economía del gasto público. Hay una fiscalización contable, otra de legalidad y luego la de eficacia, eficiencia y economía. Las dos primeros se cumplen. Es en este tercer nivel donde se debe hacer más hincapié. Conocer cómo se gasta, si es necesario si atiende a la lógica y tiene retorno social. Más allá de que se gaste legalmente, habrá que estudiar si está justificado y hace falta ese gasto.