La creciente demanda del servicio Bizi en Zaragoza no es fácil de atender con los mimbres que la actual concesión ofrece. Una concesión que finalizará en el 2023 y que, por las condiciones en las que se fundamenta el contrato con la empresa Clear Channel y la propia Ley de Contratación Pública apenas daría, en estos momentos, para unas 20 estaciones más. El problema es decidir dónde ponerlas, ya que todos los distritos que carecen de ellas o tienen un número insignificante (como Las Fuentes, San José, Torrero, La Jota, Picarral, Santa Isabel, La Paz y un largo etcétera aún de barrios) ya lo han solicitado expresamente a través de sus asociaciones de vecinos.

Es un problema porque, por un lado, las condiciones del contrato actual apenas deja margen, ya que la ley que rige la contratación pública solo permitía ampliar el negocio en un 20% de la inversión global que suponía la adjudicación. No se trata de poner un 20% de las 100 estaciones iniciales, sino del montante global de la operación. Eso incluía la instalación de nuevas terminales pero también de la programación informática, mantenimiento, personal y soportes de publicidad que dispone Clear Channel. Según explicaron fuentes municipales, tras casi cuatro años de actividad, "la demanda del servicio ha sido tan importante que se ha superado esa adjudicación en más de un 12%".

NEGOCIACIÓN DIFÍCIL Así, no es tan sencillo como decir cuántas estaciones hacen falta y dónde instalarlas. Los ingresos de publicidad representan el porcentaje más importante de la financiación necesaria y en el contexto actual la caída de las ventas que se ha producido en los últimos años complica que la empresa esté dispuesta a asumir una nueva ampliación. Además, Zaragoza es una de las pocas ciudades que no subvenciona este servicio, de manera que los riesgos los asume la concesionaria. Si se amplian las estaciones y no vende publicidad, el déficit está asegurado.

Porque el hecho de que cada vez haya más gente interesada en sacarse el abono --ya hay 39.000 abonados y otros 9.000 en lista de espera-- no garantiza el mantenimiento de los costes de explotación, ya que los ingresos por las tarifas representan un porcentaje demasiado pequeño del volumen de inversión anual necesario.

Por eso, en la negociación que mantienen abierta Clear Channel con el consistorio hay sobre la mesa varias posibilidades sin que todavía hayan alcanzado un acuerdo. Desde subir un poco los precios para el usuario (es uno de los más bajos de España) hasta negociar una pequeña aportación de las arcas públicas, como hacen en otras ciudades.

Pero esta última opción no tiene demasiadas garantías de éxito. Podría significar abandonar un modelo de financiación idílico para el resto de ciudades con servicio público de bicicletas, ya que no supone gasto alguno para las arcas. Barcelona, por ejemplo, optó por satisfacer la demanda de toda la ciudad desde el principio y con 6.000 bicis en la calle y 400 estaciones, cada año tiene que afrontar una factura que supera los 15 millones de euros.

Sin embargo, en el horizonte del 2013 se vislumbra una posibilidad de dar un nuevo impulso al servicio Bizi, casi definitivo. Se trata del contrato para la explotación y mantenimiento de los soportes publicitarios de la ciudad, que finaliza el próximo año y podría suponer un acicate para las empresas que pueden pujar por este contrato millonario.

La competencia entre Clear Channel y JC Decaux, concesionaria que ahora lleva las más de 400 marquesinas de publicidad en Zaragoza, podría incluir el Bizi como elemento de mejora en sus propuestas. Y de paso satisfacer una demanda que no deja de crecer en la capital aragonesa.