Los 882 millones de euros de deuda de la ciudad de Zaragoza convierte a los aragoneses en los ciudadanos más endeudados de España, ya que las 840 entidades locales de la comunidad autónoma adeudan 1.164 millones de euros, casi mil por habitante. Solo los madrileños superan esta cifra por habitante, sobrepasando los 1.100 euros y acuciados también por la deuda de su capital, la ciudad más endeudada de toda España.
En un año, la deuda global sumando todos los municipios aragoneses ha ascendido 114 millones de euros. Un crecimiento cercano al 10%, lejos de la media de los municipios en todo el Estado, que asciende al 18%.
Si se eliminara de este dato a la ciudad de Zaragoza (que vio crecer su deuda en 125 millones), el resto de localidades habrían conseguido rebajar la cifra en 11 millones. De hecho, hay 297 municipios que en estos momentos tienen todas sus cuentas libres de morosidad. Un 35,3% del total. La media estatal está cerca del 40%. En Teruel es donde han sido más cumplidores, puesto que 119 localidades de 268 están limpias. 112 de 301 en Zaragoza y 66 de 271 en Huesca.
El ayuntamiento más endeudado del Estado es el de Madrid, con 7.429,6 millones de euros, mientras que la deuda del de Barcelona era de 1.780 y Valencia debía 975,7 millones, a 31 de diciembre del 2012.
DÉFICIT ASIMÉTRICO Por otra parte, el ministro de Hacienda aseguró ayer en el Congreso de los Diputados que está estudiando relajar el objetivo de déficit de Cataluña hasta el 1,8%, cuando el tope para este año es del 0,7%. Este planteamiento, solicitado por Cataluña en el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera, se extendería también a otras comunidades que ven "inasumible" llegar a este tope máximo fijado, como la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, informó Pilar Santos
Este planteamiento efectuado por el Gobierno central contrasta con la opinión de la mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre ellas el consejero de Hacienda de Aragón, José Luis Saz. Así se lo ha expresado al propio ministro, como otros dirigentes populares autonómicos, por considerar que se crea un agravio comparativo y se castiga a aquellas comunidades autónomas, como es el caso de la aragonesa, que sí cumplieron el año pasado con el objetivo, fijado en el 1,5%.
El agravio consiste en que las comunidades cumplidoras han preparado planes de equilibrio financiero que en muchos casos han obligado a aplicar severos recortes en Educación, Sanidad o Servicios Sociales, con un alto coste social, mientras que a las menos cumplidoras lejos de obligar a cumplir, se les relaja el objetivo fijado.
