El Gobierno de Aragón recortaría sus gastos en 1,5 millones de euros si alquilase los vehículos que componen sus flotas en lugar de recurrir a la compra directa, lo que supondría una reducción del 20% en esta partida presupuestaria. Así lo asegura un estudio de la compañía especializada en renting del grupo BNP Paribas, Arval, de la que se hace eco Europa Press.

De acuerdo con el informe, esta nueva vía de ahorro cobra especial relevancia en el actual contexto de austeridad, que llevará al nuevo Gobierno a aplicar "severos planes de ajuste" para intentar cuadrar las cuentas públicas. El Ejecutivo autonómico ya se ha planteado varias iniciativas para reducir el gasto en este tipo de partidas.

Con este cambio de gestión, calcula el estudio de Arval, las administraciones autonómicas ahorrarían un total de 70 millones de euros. El coste medio de adquisición de un vehículo por renting con las características básicas que requieren los servicios de las administraciones, --tales como la policía--, no supera los 18.000 euros, frente a los más de 22.500 euros que supone la compra directa, lo que se traduce en un ahorro de 4.500 euros por vehículo.

En la actualidad, solo la tercera parte de las cerca de 100.000 unidades que conforman el parque de las administraciones públicas se encuentran bajo el modelo de alquiler a largo plazo con servicios de mantenimiento y reparación incluidos. En concreto, alrededor de 2.000 entidades públicas concentran el 5% de los coches de renting que se mueven en España, siendo los ayuntamientos --con una cifra cercana a los 1.500-- los principales usuarios de este tipo de vehículos.

MADRID, LA QUE MÁS AHORRARÍA Por autonomías, las que más ahorrarían con esta medida son la Comunidad de Madrid, con una reducción del gasto en vehículos oficiales de 26,5 millones de euros; y Cataluña, con un recorte superior a los 18 millones, seguidas de Andalucía y Comunidad Valenciana, con 5,5 millones.

El Gobierno vasco también lograría un recorte significativo, reduciendo su presupuesto en movilidad en 3,8 millones de euros; seguido de la Xunta de Galicia, que ahorraría 2,2 millones si gestionase su parque oficial a través del renting. Más del millón de euros conseguirían sanear sus partidas presupuestarias los gobiernos regionales de Aragón (1,5 millones), Castilla y León (1,3 millones) y Castilla-La Mancha (1,1 millones), si optasen por el alquiler a largo plazo. Además de Cantabria, por debajo del millón de euros se situarían también los ahorros que obtendrían Canarias (0,8 millones), Asturias (0,5 millones), Baleares (0,4 millones), Extremadura (0,3 millones), Navarra (0,5 millones) y, por último, La Rioja, con 140.500 euros.