La consejera de Cultura del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, se reunió el pasado miércoles con el Consejo Superior de Lenguas y en el transcurso de la reunión, según ha podido saber este diario, mostró su intención de modificar la actual ley, que ni su partido ni el PAR apoyaron durante su tramitación la pasada legislatura. Serrat no habló, en cambio, de derogación, sino de modificarla en algunos puntos concretos. Aunque tampoco se hizo una mención concreta al catalán de Aragón (el aspecto que crea controversia y al que se opone tanto el PP como el PAR en contra de los criterios lingüísticos).

Varias fuentes aseguraron que el encuentro fue fructífero y considerado por ambas partes como positivo. Y más después de que empezara a cundir el desánimo en el seno del consejo (órgano consultivo para los aspectos relacionados con las decisiones que se tomen con el aragonés y el catalán en Aragón) que habían percibido cierto desinterés por parte del nuevo Ejecutivo autonómico y sopesaban incluso la idea de abandonar si no se reunían de forma inminente. Sin embargo, algunos miembros reconocieron ayer la buena disposición de la consejera, que asistió a la reunión junto con su director general de Patrimonio, Javier Callizo.

La consejera se comprometió a redactar un borrador de la modificación de la ley que sería remitido previamente a los consejeros y pudieran hacer sus sugerencias. Otra cosa distinta será si estas son aceptadas, ya que el carácter de este consejo es meramente consultivo, sin que sus decisiones tengan nunca naturaleza vinculante.

El nuevo Gobierno de Aragón nunca ha sido partidario de mantener en la ley el hecho de que se considere catalán la lengua hablada en la parte oriental de la comunidad autónoma, y así lo ha reiterado públicamente. Y ha confirmado su intención de modificar parcialmente la ley, aunque de momento no hay plazos previstos para su presentación en las Cortes de Aragón. En la anterior legislatura fue aprobada la Ley de Lenguas gracias a que CHA apoyó al PSOE.

Este último partido, aunque gobernaba, no pudo presentarla como proyecto de ley ante la férrea oposición de su socio, el PAR, que ahora gobierna con el PPP. IU apoyaba la ley, aunque finalmente fue crítica con ella por considerar que no era lo suficientemente explícita con la protección de las dos modalidades lingüísticas propias de Aragón: el aragonés y el catalán.