Las 78 gasolineras que Cepsa tiene en Aragón dejaron ayer de suministrar combustible a los vehículos que conducen los Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la DGA, que debe a esta compañía más de 240.000 euros. Lo hicieron pese a que hasta dos consejeros del Ejecutivo salieron al paso para informar de que ayer mismo se habían "iniciado los expedientes de pago", según anunció el titular de Hacienda, José Luis Saz, e incluso de que el problema estaba "resuelto", como aseguró en Sádaba el responsable de Medio Ambiente, Modesto Lobón.
Sin embargo, a día de hoy tanto Cepsa como Repsol, firmas a las que según Lobón el Ejecutivo adeuda "dos facturas de ochenta mil y pico euros", no surten de gasolina a los más de doscientos vehículos del servicio medioambiental de la DGA. Algunos agentes confirmaron a este diario que "ya hay coches parados", dado que el corte del suministro en Repsol --que incluye, además de las propias, las gasolineras de Campsa y Petronor-- está en vigor desde el pasado día 17.
Las mismas fuentes criticaron, además, la disparidad de criterio de las respectivas direcciones provinciales de Medio Ambiente, que en Huesca dieron "instrucciones para que solo se efectúen servicios de emergencia, mientras en Zaragoza y Teruel no ha habido indicaciones sobre qué hacer", por lo que se seguirá con los servicios convencionales hasta que se agoten los depósitos.
Contra la denuncia del lunes de la asociación que agrupa a estos funcionarios, Modesto Lobón afirmó ayer que "no ha habido corte de suministro en ningún momento, porque existen otras fuentes alternativas," y, al tiempo que explicaba que la situación se debe a "la presión financiera y de tesorería que existe", añadió que no se ha parado "ningún servicio esencial".
CLÍNICAS ABORTISTAS Por otro lado, dos de las tres clínicas homologadas en Aragón para practicar las interrupciones voluntarias del embarazo que autoriza la DGA mostraron ayer su "preocupación", después de que, pese a lo anunciado la semana pasada, el Ejecutivo no llevara al Consejo de Gobierno de ayer la convalidación de las facturas que por valor de 700.000 euros se adeudan a los tres centros. "La situación es acuciante", clamó Mayte Andreu, vocal de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai).
Mientras Andreu recordaba que en los centros de La Almozara y el Actur hay en vigor sendos ERES de reducción de jornada, fuentes del Departamento de Sanidad lanzaron un mensaje de "tranquilidad". "El pago está firmado por el consejero --argumentaron-- y ha sido una cuestión de volumen de expedientes, por lo que irá en el próximo Consejo de Gobierno".
El de ayer sí aprobó, sin embargo, el pago de 21,3 millones de euros que la DGA adeudaba a las farmacias aragonesas.
