Tras años de oponerse radicalmente al cobro de los rescates en montaña, el Gobierno de Aragón parece a punto de dar un giro de 180 grados. Aprovechando la presentación en Sabiñánigo del balance de la campaña Montañas seguras, el consejero de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez, aseguró que, "aunque no hay tomada una decisión", la Administración autonómica "está estudiando cobrar algún tipo de servicio en supuestos extremos relacionados con los rescates de montaña".

Suárez no detalló en qué casos se podría aplicar esta medida, pero fuentes de su departamento señalaron que el cobro podría imponerse a situaciones creadas por imprudencias y negligencias flagrantes y en las que, a menudo, los propios rescatadores ponen en peligro su vida.

Además, subrayaron que, dado que en Aragón es la Guardia Civil la que se encarga del rescate, el Gobierno solo podría cobrar parte del gasto sanitario derivado de la intervención, en aspectos como la hospitalización, el tratamiento y la baja laboral.

Asimismo, la Diputación General de Aragón costea los médicos que acompañan a los equipos de rescate y que, durante cierto tiempo, en plena polémica por los recortes sanitarios, fueron retirados de forma temporal. En cambio, el uso del helicóptero del 112, también sufragado por el Gobierno autonómico, es mucho más limitado.

MÁS PREVENCIÓN No obstante, no parece que Interior vaya a hacer del fin de la gratuidad de los rescates el eje de su política, dado que el propio Suárez se apresuró a dejar claro en Sabiñánigo que, "de momento, la apuesta del Gobierno sigue siendo la prevención de los accidentes".

En la actualidad, siete comunidades disponen de normativas para el cobro de los rescates. Se trata de Cataluña, Cantabria, Madrid, Castilla y León, Asturias, Canarias y el País Vasco, pero solo esta última ha llevado a efecto la medida de forma sistemática.

En Cataluña, donde el servicio lo realizan los Bomberos, existe constancia de que se ha cobrado en dos casos especialmente complicados (la provocación de un alud y el cruce de un río por una zona cerrada). Pero, como norma, se envía a montañeros, esquiadores y barranquistas que han cometido imprudencias unas notas en las que se desglosan los gastos que ha generado prestarles auxilio, sin cobrarles cantidad alguna.

Un estudio presentado en el 2011 en las I Jornadas Técnicas Sobre Riesgos en Montaña concluía que los accidentes de montaña que se producen en Aragón suponen un gasto anual de 50 millones, entre el rescate, el gasto sanitario, la baja laboral, el seguro y la indemnización.

Por otro lado, Antonio Suárez visitó ayer a los voluntarios de Montañas seguras, una campaña que en la actualidad se centra en la formación de personal.