El desarrollo de la Ley de Muerte Digna, que anunció el Gobierno de Aragón el pasado jueves, será, de momento, solo parcial y obligado por la premura de tiempo, cuando no tenía intención de intensificar las acciones al menos a corto plazo. La norma, que fue publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el 24 de marzo del 2011, emplazaba a la creación de varios comités y a la elaboración de estudios y planes que, o bien se acometieron con retraso o todavía no se han llevado a cabo a falta de pocos meses para que se agote el periodo establecido.

Así, el decreto establecía que, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley --el 7 de julio del 2011--, se debía elaborar un plan de cuidados paliativos en Aragón. Y, en el mismo periodo, la DGA debía realizar un estudio de la "forma en la que la ciudadanía aragonesa afronta y vive el proceso de su muerte".

GRUPO DE TRABAJO Ninguna de las dos cosas se ha realizado --sigue vigente el Plan de Cuidados Paliativos del 2008-- y, aunque el comunicado de la DGA no incluye ambos apartados entre el desarrollo que pretende de la ley, Sanidad sí anunció la creación de un grupo de trabajo "que tiene como uno de sus objetivos el desarrollo de un protocolo destinado a facilitar, a aquellas personas en situación terminal que libremente lo deseen, la posibilidad de entrar en la muerte sin sufrimiento, en paz, como expresión de respeto a la dignidad del ser humano". Ese grupo estaría compuesto por miembros de los Colegios de Médicos y Enfermería, aunque varios representantes de ambos no tienen constancia de que se hayan dado pasos.

Asimismo, el departamento añadió que "también se va a trabajar con especial atención el papel de los centros sanitarios para facilitar el acompañamiento familiar y garantizar la adecuada asistencia asistencial, incluyendo el tratamiento del dolor, asesoramiento, atención de cuidados paliativos de calidad y el apoyo y soporte emocional a la familia de la persona en situación terminal".

COMITÉS La norma disponía, de igual modo, la creación de Comités de Ética en cada uno de los ocho sectores sanitarios en que se divide la comunidad autónoma. Asimismo, se debía crear un Comité de Bioética de Aragón para analizar el tema en función de los avances médicos y la ética.

El plazo para "desarrollar reglamentariamente" ambos comités era de seis meses desde la entrada en vigor, es decir, el pasado mes de enero. En este caso, la Administración sí ha cumplido, pero tarde. La primera reunión de los expertos designados para elaborar la propuesta de decreto se produjo en enero, sí, pero los propios integrantes admiten que desde el Departamento de Calidad y Atención al Usuario se les animó a acelerar al máximo porque "el plazo ya había pasado". Ya van por el cuarto borrador.

De este modo, los plazos a cumplir parecen haber sido determinantes en el anuncio del desarrollo del texto, lo que ha causado extrañeza en muchos sectores sanitarios. Sobre todo, si se tiene en cuenta que, hace apenas dos semanas, el consejero, Ricardo Oliván, había reconocido en un encuentro con representantes del sector que no abordaría el asunto "en los próximos meses".

La declaración se produjo como respuesta a una pregunta del presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, Enrique de la Figuera, que cuestionó acerca del estado actual de una ley que conlleva, entre otras cosas, acometer inversiones tanto en acondicionamiento de hospitales como en formación de profesionales en hospitales y Atención Primaria.