La DGA negó ayer mala práctica alguna alrededor del fallecimiento de un menor, el pasado 1 de septiembre, en el Centro de Internamiento de Menores por Medida Judicial de Juslibol, como denunció en un comunicado público la Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón (Asapa), que informó de haber puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores y del Colegio de Médicos de Zaragoza.
Según este colectivo, al joven, que fue hallado muerto en su celda tras haberse quitado la vida, se le prescribió un tratamiento con psicofármacos que "podría haber resultado incompatible con la afección que sufría el menor", pese a que "la familia había comunicado que bajo ningún concepto le fuesen suministrados" esos medicamentos. Fuentes del Departamento de Servicios Sociales del Ejecutivo desmintieron, como afirma la asociación, haber desatendido a la familia del fallecido, y aseguraron que "en ningún momento esta ni terceros manifestaron la incompatibilidad o alergia a algún fármaco". Las mismas fuentes, que recordaron que un juez ya archivó el caso en su día y que la DGA no había recibido ningún requerimiento de la Fiscalía, defendió que el menor "fue tratado por el equipo médico y de enfermería del centro".
Frente a las acusaciones de Asapa, el Gobierno negó que la toma de fármacos sea obligatoria y defendió la "larga y acreditada práctica con adolescentes" del personal de la instalación.
