Mientras el Gobierno de Mariano Rajoy, que ultima el anteproyecto de Ley de Acción Exterior, trata de atar en corto a las comunidades autónomas en lo tocante a su actividad diplomática, el Ejecutivo aragonés vive el momento con notable placidez, si bien se afana en intensificar la actividad en el extranjero a través de su única delegación, ubicada en Bruselas. Además de la obvia sintonía por compartir color político con Moncloa, el gabinete de Rudi no mantiene tensiones con el ministerio que dirige José Manuel García-Margallo.

Todo lo contrario que Cataluña, para la que se diría se concibe el texto que aspira a aprobar en las próximas semanas el Consejo de Ministros, dada su pretensión por propagar internacionalmente el proceso soberanista. Una necesidad que, salvo el País Vasco, nunca han sentido históricamente ni Aragón ni otros territorios del Estado.

"Desde hace años, Cataluña muestra una estrategia diferente a la nuestra", reflexiona la directora general de Acción Exterior del Gobierno de Aragón, Blanca Soláns. Dependiente del Departamento de Presidencia, Soláns dirige la política en esta materia del Gobierno PP-PAR. Cree que la labor, en esta área, ha sido "coherente" con la política nacional, tanto en el Ejecutivo anterior como en el actual, y subraya que las oficinas de las comunidades autónomas en el exterior "no son embajadas".

300 REUNIONES La, en su día, candidata del PP a la alcaldía de Calanda es, en virtud de su cargo, una incansable viajera --en el 2012 mantuvo unos 300 encuentros en el extranjero-- y una defensora del actual estatus de Aragón en lo concerniente a su política exterior. "Somos respetuosos con la Constitución y, desde luego, no nos solapamos con las funciones", añade, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Aragón solo cuenta con la oficina delegada en Bruselas, que, en palabras de Blanca Soláns, no impide que "ahora tengamos una política mucho más ambiciosa que el anterior Gobierno". Según ella, el Ejecutivo de Marcelino Iglesias se centró mucho en la colaboración "transfronteriza" con Francia, actitud que ahora no solo se mantiene, sino que se ve ampliada por la labor de "antena" que ejerce la representación aragonesa en la capital de la Unión Europea.

Fundamentalmente, el anteproyecto en el que trabaja el equipo de García-Margallo persigue que las comunidades españolas, que en conjunto suman casi 170 delegaciones en el extranjero, siga la pauta que marque Exteriores. Entre otras cosas y amén de lo que luego resulte de su tramitación parlamentaria, el articulado de la norma subraya que los gobiernos autonómicos no podrán asumir la representación del Estado. También obliga a las comunidades a informar al ministerio de sus intenciones sobre actuaciones en otros países, como visitas o viajes, con objeto de que Madrid opine al respecto.

RECELOS Sin embargo, el aspecto que más recelo ha despertado, especialmente en el seno de la Generalitat catalana, es que el Gobierno central fiscalizará --en el sentido más estricto de la palabra-- la apertura de nuevas oficinas en el exterior. De acuerdo al proyecto del ministerio, las comunidades tendrán que informar de sus intenciones con carácter previo, de forma que tanto Exteriores como Hacienda puedan emitir su parecer.

El primer ministerio opinará sobre si la nueva delegación autonómica cumple con la política exterior del Ejecutivo, y el segundo, sobre si la apertura de la nueva oficina colisiona con los objetivos de control del déficit público al que de forma tan entregada se han sometido las administraciones.