Si al final tenemos que pagar, reclamaríamos esas cantidades al Real Zaragoza", explicó ayer el director general de Economía de la DGA, José María García, en referencia al crédito avalado por el Gobierno de Aragón cuyo pago ha comenzado a incumplir la SAD de Agapito Iglesias.

"Es un contrato y no nos quedará más remedio que pagarlo" si los acreedores --Ibercaja, CAI y Bantierra-- lo requieren, explicó García, que insistió en que "no será algo que ocurra por nuestra voluntad".

El aval fue firmado el 29 de marzo del 2004 por el entonces consejero de Economía de la DGA, Eduardo Bandrés, y el presidente de la SAD, Alfonso Soláns hijo. El Pignatelli suscribió, tras haberlo incluido en la Ley de Presupuestos de ese año, un aval de ocho millones que le permitió al Zaragoza acceder a una línea de crédito por esa cuantía. Los pagos iniciales redujeron a 5,1 millones la cifra avalada, que la compañía deportiva debería empezar a devolver este verano. Sin embargo, no ha cubierto el primer plazo.

La obligación de pago para la DGA "no es inmediata", matizó García. Se trata de "una situación jurídica compleja" que los técnicos del Gobierno están estudiando para determinar en qué circunstancias no deberían cubrir los impagos del Zaragoza.

Tanto el PAR, socio de Gobierno del PP, como el PSOE --coaligado con él cuando las Cortes aprobaron el aval-- mostraron su confianza en que mejore la situación financiera del Real Zaragoza para que este pueda hacer frente a sus obligaciones y las arcas públicas no resulten perjudicadas.

PRESIÓN El aragonesista Antonio Ruspira, por su parte, pidió a la DGA "que ejerza la presión adecuada sobre el club, y utilice todas las herramientas que tiene a su alcance, para que el club atienda sus deudas y sus compromisos, de manera que se pueda superar esta situación con la mayor rapidez".

Para Nieves Ibeas, de CHA, "no se puede rascar para una entidad privada un solo euro que no vaya a empleo, sanidad o educación". La portavoz nacionalista, que anunció una batería de preguntas al Gobierno, cree que "no es momento para asumir deudas de una empresa deportiva".

Adolfo Barrena (IU) consideró "inaceptable asumir ese gasto, por no haberse liberado el Gobierno del compromiso que suponía, cuando plantean recortes salariales y en sanidad, educación y dependencia". "Deberían anteponer los gastos sociales a este tipo de gastos", añadió.