El Gobierno de Aragón anunció ayer que, en el caso de que se inicie un procedimiento judicial por la detención de un cazador implicado presuntamente en el envenamiento de aves rapaces en un coto del Bajo Cinca, se personará en la causa. Además, en un comunicado, la DGA afirmó que seguirá impulsando el Plan de Acción para la erradicación del uso ilegal de venenos en el medio natural de Aragón, aprobado en 2007.
El sospechoso, que prestaba sus servicios en el coto, fue detenido por el Seprona de la Guardia Civil en fechas recientes. Se le acusa de matar con veneno a especies amenazadas, como águilas y milanos, con el fin de que no pusieran en peligro la población de conejos, dado que se benfeciaba, supuestamente, del comercio de estos roedores, que vendía vivos a otras explotaciones cinegéticas.
Según el Gobierno de Aragón, su arresto fue el fruto de inspecciones e investigaciones realizadas en los últimos cuatro años en las que también tomaron parte agentes para la protección de la naturaleza del Gobierno de Aragón. En este sentido, la DGA destaca la "determinante labor forense y diagnóstica del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca, dependiente de la Dirección General de Conservación del Medio Natural y del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos".
El primer caso de envenenamiento en Torrente de Cinca se descubrió, tras la comunicación de un particular del fallecimiento súbito de dos perros de su propiedad, el 8 de marzo 2009.
