El Gobierno de Aragón tiene previsto poner a la venta el edificio de la Ciudad de la Justicia en el 2013. Se trataría de una operación en la que la titularidad de este inmueble donde se van a ubicar todos los juzgados de Zaragoza sería traspasada en un contrato de compraventa a un grupo inversor o fondo de inversión que estuviera interesado en adquirirlo. A cambio, la utilización de este inmueble seguiría siendo para las sedes judiciales, por la que el Gobierno de Aragón abonaría un alquiler al futuro comprador.
Esta no es la primera vez que se plantea una proceso de estas características, aunque sí lo es referido a la futura Ciudad de la Justicia. En su día, cuando el Gobierno autonómico estaba en manos de la coalición PSOE-PAR se pensó en esta fórmula para relanzar la venta de espacios en el parque empresarial de Ranillas. Entonces, el parón de la comercialización de oficinas y la retirada de algunas de las empresas que habían hecho reserva previamente, obligaba a adoptar medidas de urgencia y transferir a un fondo de inversión los miles de metros cuadrados que ofrecía el antiguo recinto Expo proporcionaba la liquidez necesaria para no tener que sufragar las obras con créditos y más créditos.
ALQUILER Sin embargo, se apostó por el alquiler como fórmula que resolvería todos los problemas. Una solución que empezó a dar sus frutos rápidamente y propició la llegada de más de una decena de nuevos inquilinos. Pero es insuficiente. El ritmo de ejecución es alto, los compromisos con las sedes judiciales tienen fecha fijada, para la primavera del 2013, y es urgente obtener más liquidez.
La fórmula le ofrece todas las garantías al Gobierno de Aragón, que una vez adjudique la venta pasaría a pagar un alquiler por la utilización de ese espacio. Y en los primeros estudios realizados por Expo Zaragoza Empresarial se han dado cuenta que este concurso generará interés en el tejido empresarial. Porque es un activo de un importante valor que se revalorizará fácilmente conforme se incremente la actividad en el recinto. Y la Ciudad de la Justicia se prevé que dé un importante impulso en el 2013. Por otro lado, el arrendatario sería una administración pública que difícilmente le causará problemas en el cobro. De este modo, recuperaría su inversión con garantías.
Para el Gobierno de Aragón el peaje será que la actividad de la Ciudad de la Justicia le saldrá más caro incluso que en sus inmuebles actuales del centro de la ciudad. Este edificio de Ranillas no será de su propiedad por un tiempo ilimitado. Aunque ahora toca redactar los pliegos, porque la DGA puede querer introducir alguna cláusula por la que el inmueble revierta en la administración autonómica.
Esto condicionará, sin duda, el precio a abonar en ese alquiler, los años en los que el Gobierno de Aragón estará como inquilino de su propia Ciudad de la Justicia, y el interés que tendrá que asumir como consecuencia de esta operación.
La ventaja que obtiene es obvia: liquidez a corto plazo. Más de 52,6 millones de eruos dará un colchón más que suficiente para acometer los trabajos que le restan en Ranillas sin necesidad de engordar más el crédito con el que está ahora financiando las obras.
