Aranade, la empresa que gestionó a través de la Sociedad Urbanística Municipal (SUM) el desarrollo inmobiliario de La Muela en los años de Mariví Pinilla, ha llevado al juzgado como presuntas autoras de un delito de prevaricación a la actual alcaldesa, Marisol Aured; a su concejala de Personal y Régimen Interior, Rosa Barceló, y a la interventora interina del consistorio, actualmente de baja.

La acusación se basa en el impago de unas facturas fechadas en el 2007 y presentadas en el 2012 que suman 1,1 millones de euros y que Aranade giró a la SUM por su labor como gestor de la actividad de la empresa municipal. Las facturas no fueron incluidas por el actual equipo de gobierno entre las que debían ser liquidadas con cargo al Plan de Pago a Proveedores que el año pasado impulsó el Gobierno central.

MOLINOS Aranade, presidida por Julián de Miguel --en libertad bajo fianza en la operación Molinos, en la que el juez le imputa doce delitos--, presentó inicialmente una reclamación en la vía contencioso administrativa, aunque retiró el recurso antes de que el Juzgado número 1 de Zaragoza lo resolviera y acudió a la jurisdicción penal.

La magistrada del Juzgado número 2 de La Almunia ha abierto diligencias y ha llamado a declarar como imputadas a Aured, a Barceló y a la interventora. Debían comparecer el 17 de junio, aunque esa citación ha quedado sin efecto a la espera de señalar una nueva fecha.

Aured, que en declaraciones a EL PERIÓDICO mostró su rechazo a la liquidación de esas facturas en tanto en cuanto no disponga de pruebas de que los trabajos que recogen fueron efectuados, es también un personaje clave del caso La Muela.

Su denuncia inicial, y sus posteriores aportaciones como testigo protegido bajo el pseudónimo de Molinos 1, dieron al Grupo de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía y al juez de La Almunia las primeras pistas que les llevaron a desentrañar la mayor presunta trama de corrupción detectada en Aragón.