El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón pretende cambiar el actual sistema de asignación de las vacantes escolares que se adjudican fuera de plazo y que, en su gran mayoría, corresponden a inmigrantes que recalan en la capital aragonesa.

En el encuentro de la mesa de trabajo, celebrada el pasado viernes, la Administración denunció "falta de criterios" en la atribución de esas plazas. El departamento criticó que no se cumple ese 10% que la ley permite aumentar la ratio de alumnos por profesor en los centros que acojan escolares fuera de plazo y que la distribución actual es descompensada al atribuir siempre el centro elegido si este dispone de vacantes.

Esa acusación de dejadez fue achacada por varios colectivos presentes en el encuentro al hecho de que la comisión permanente encargada de esta asignación --compuesta por Inspección y Administración-- convoca una vez al mes para informar del reparto de estas vacantes en centros educativos con plazas disponibles, con lo que pierden la perspectiva que les aportaba la frecuencia semanal, establecida cuando la adjudicación la realizaba la comisión de escolarización.

También habrá cambios en los precios del servicio del comedor. La DGA expuso la "financiación lineal y sin criterios" que rige actualmente las tarifas --77,3 euros para los centros públicos y 105 para los concertados--, por lo que todo apunta a que habrá una revisión de esas cantidades y se impondrán criterios de progresividad en función de la renta.

En este sentido, varios representantes de la comunidad educativa criticaron la "precipitación" de la Administración en el tratamiento de temas "muy importantes".