Alumnos y personal de la Facultad de Educación planean nuevas movilizaciones de protesta ante la ausencia de presupuesto para el año 2013 destinado a infraestructuras de la Universidad de Zaragoza, lo que, previsiblemente, imposibilitará las actuaciones en la reforma de la facultad, paralizada desde hace varios meses debido a la falta de liquidez.

En la celebración, ayer, de la Junta de Facultad, se propuso, a través de una comisión creada para tal efecto, entre otras cosas, la paralización de clases o su celebración, así como las tutorías, en la calle. En este caso, se barajan emplazamientos como el propio edificio Pignatelli (sede del Gobierno de Aragón) o la plaza del Pilar. De igual modo, la junta decidió estudiar la realización de acciones solidarias, como recogida de alimentos o material escolar o registrar una solicitud destinada a responsables políticos. "Los maestros tendrán que dar clases en la calle porque nos sentimos desahuciados antes de entrar a vivir", expusieron desde la facultad.

"INSOSTENIBLE" Así, la Junta calificó la actual situación de "insostenible" y el decano, Enrique García, recordó que "estamos once en un despacho para dos, clases repartidas en ocho edificios en un radio de 500 metros de diámetro y unos pasillos muy ruidosos".

De hecho, desde el decanato advirtieron de que "no sabemos hasta cuándo aguantaremos" y García solicitó la "comprensión de la comunidad de estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios".

La falta de partida destinada a equipamientos universitarios prolongará, pues, la paralización de las obras, a pesar de que la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, anunció hace meses la disposición de 2,3 millones de euros destinados a los trabajos de la facultad. Sin embargo, esta cantidad todavía no se ha ejecutado. "No entendemos cómo se puede paralizar unas obras casi concluidas --desde el rectorado se calcula que apenas faltaría un mes y medio para la finalización-- y que no se destine un solo euro para infraestructuras", lamentó el decano, que advirtió de que "el dinero invertido en el edificio no se va a poder recuperar y lo que resta por pagar se verá duplicado por motivos legales y por los precios de mercado ya que será necesario sacar la obra de nuevo a concurso público" y concluyó que "no es un recorte sino un derroche".