José Antonio Martín Pallín, fiscal y magistrado emérito de Tribunal Supremo, denunció ayer en Zaragoza que la Ley de Amnistía, promulgada al comienzo de la Transición, se ha convertido en «el gran pretexto» para no aplicar la Ley de Memoria Histórica, de la que reconoció que, pese a sus carencias, supuso un avance.

El prestigioso jurista, que intervino en el VI Encuentro Transfronterizo de Memoria Histórica Transfronteriza, dijo que la normativa aparecida en la era de Zapatero «no ha cuajado, entre otras razones, porque hay jueces y juezas que la han empleado como obstáculo insalvable para no anular consejos de guerra» o autorizar la apertura de fosas.

Martín Pallín, que tiene 80 años, disertó en la conferencia inaugural sobre la internacionalización de las acciones memorialistas, criticó a quienes consideran que «ha pasado mucho tiempo» o que es ya tarde para rehabilitar la memoria de las víctimas del franquismo durante y después de la guerra civil.

«Se pretende, bajo el manto de la reconciliación, echar un manto de olvido sobre una tragedia que fue la lucha del fascismo contra la democracia», subrayó. “Instaurada la democracia, los partidos políticos decidieron dar una cobertura a lo ocurrido mediante la llamada Ley de Amnistía, y por tanto la memoria histórica, la justicia y la reparación brillaron por su ausencia», afirmó.

Con todo, reconoció que en el año 2007 se promulgó la Ley de Memoria Histórica, que abrió algunos espacios para poder intentar acciones judiciales de reparación y de justicia, «pero que en la práctica ha chocado con el muro de la indiferencia de los políticos y la resistencia de muchos jueces y juezas que, paradójicamente, no vivieron el franquismo pero que han puesto dificultades a su aplicación».

En su opinión, en el aspecto judicial de los consejos de guerra, la Ley de Memoria Histórica «está francamente, si no arrinconada, en una posición de denegación de la nulidad de los consejos de guerra». En la misma línea, señaló que las aperturas de fosas de la guerra «se hacen con dificultades», aunque reconoció que sus promotores han recibido algunas ayudas.

ROJOS Y AZULES

«Pienso que este país tiene un grave problema cuando intenta mantener una equidistancia entre los que se ha dado en llamar rojos y azules, como si el golpe militar hubiera sido una confrontación entre falangistas y comunistas, cuando fue un golpe contra la democracia», dijo en torno a la sublevación militar contra la II República. «Mientras no se reconozca esto, este país va a tener problemas para encontrar su verdadera identidad democrática, que nace, guste o no guste a los políticos, con la II República», agregó.

Para Martín Pallín, que al final de la conferencia dijo que, entre otras cosas, es hijo de militar golpista de 1936, la reducción a una lucha entre rojos y azules «es una simplificación absolutamente interesada».

«La prueba es que en el Frente Popular había partidos que estarían en el centro derecha, como Azaña; socialistas que estarían en la socialdemocracia, y solo había en las Cortes de 1936 quince diputados comunistas».

El magistrado emérito calificó de «tropelía jurídica y moral» que la apertura de fosas se equipare a una excavación arqueológica y que los familiares de las víctimas deban correr a cargo de los gastos.

Además, dijo que la Ley de Enjuiciamiento Criminal coloca a los jueces en la tesitura de cometer prevaricación al exigirles archivar las diligencias «en ausencia de un autor conocido» de los fusilamientos.

El acto fue presentado por el presidente de la Asociación de la Prensa de Aragón, José Luis Trasobares, que definió a Martín Pallín como un jurista «comprometido con el Estado de Derecho y la Justicia». «Ha actuado con tanta independencia de criterio, que ni siquiera los partidos de izquierda se fiaban de él», aseguró.

Por su parte, el historiador José Ramón Villanueva, de la Fundación Aladrén, recordó que «la Ley de Memoria Histórica es un punto de partida, tibio en algunos aspectos, pero no de llegada».

La conferencia contó con la presencia de las presidentas de los parlamentos aragonés, Violeta Barba, y navarro, Ainhoa Aznárez, que defendieron la continuidad de la política de exhumaciones de asesinados.