Los jueces protagonizaron a finales del pasado mes de mayo la segunda huelga del sector en la época democrática, tras semanas de paros parciales. Tras haber suspendido las acciones por un principio de acuerdo con el Ministerio de Justicia, se plantean retomarlas si el nuevo Gobierno no asume sus reivindicaciones.

-El exministro Catalá había comenzado a asumir parte de las reclamaciones de los jueces, ¿esperan que el nuevo Gobierno respete estos preacuerdos?

-Catalá había accedido digamos que a aspectos menores, pero lo que verdaderamente nos une a todas las asociaciones es la elección de 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte de los propios jueces. A eso el PSOE nunca ha accedido, y el PP solo cuando ha estado en la oposición. Aunque ahora sea ministra de Defensa, Margarita Robles en particular siempre ha sido contraria a esta elección. No tengo muchas esperanzas.

-Pero la ministra de Justicia, por contra, sí parece ser receptiva a los cambios.

-Es cierto que la ministra (Dolores Delgado) participó, como fiscal, en las protestas convocadas. Se ha movilizado, pero no sé hasta qué punto puede tener respaldo de su Gobierno ahora. Sé que se va a reunir con las asociaciones judiciales dentro de poco, y en función de lo que se hable y cómo quede el organigrama del ministerio, veremos si retomamos las movilizaciones.

-¿Por qué es tan importante la forma de elección de los jueces?

-Conlleva muchas cosas, se trataría de una elección con criterios objetivos, que reforzaría la independencia del Poder Judicial y evitaría el margen de politización. Es algo que Europa está exigiendo además, dentro de las medidas contra la corrupción.

-¿Y a qué medidas menores se había abierto el ministerio?

-Por ejemplo a la recuperación de licencias y permisos, que para nosotros debería hacerse a través de una modificación de la Ley Orgánica (del Poder Judicial). Había una proposición de ley en trámite del PP pero el mismo partido interpuso 50 enmiendas y el resto, 48, por lo que se ha retrasado mucho, ya va a llegar el verano y no está resuelta. También accedieron a la revisión del expediente digital, que aún no está vigente en Aragón pero que en el propio ministerio, con el sistema Minerva, está siendo muy insatisfactorio. En Aragón se tuvo la valentía de comprar el Avantius, que parece más moderno y eficaz.

-Los funcionarios de Justicia y algunos jueces, que se han movilizado contra él, no parecen opinar lo mismo...

-Ante todo cambio hay resistencia, y complicaciones, es como cuando te cambias de móvil, que al principio no te aclaras. Avantius creó menos dificultades en Teruel que en Huesca, la primera experiencia, y aquí ha llegado a lo Social y Contencioso-Administrativo mejor. No quiero parecer el gran optimista, pero es inevitable la actualización del sistema.

-¿Qué otras reivindicaciones tienen?

-La creación de 300 plazas de jueces y fiscales, de 75 juzgados o la convocatoria de la mesa de retribuciones, que la ley del 2003 preveía que se convocase cada cinco años y llevamos 15 sin ella. Hay que recuperar el poder adquisitivo perdido, con las retribuciones variables y el incremento de las de las guardias, por ejemplo.

-En la cuestión de las retribuciones parece que todos los operadores judiciales están de acuerdo, ¿por qué cree que han coincidido en el tiempo al protestar?

-Todo el mundo quiere reivindicar su importancia, y es normal que si un sector protesta, el resto también. No sé por qué no se ha hecho antes, pero no es exclusivo de la Justicia. Desde los pensionistas hasta los sindicatos, todos queremos que los efectos de la recuperación económica se traduzcan en una recuperación de poder adquisitivo.

-Recientemente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón alertaba en las Cortes del colapso del juzgado de cláusulas suelo de Zaragoza, ¿ha sido para tanto?

-Ha sido una avalancha tremenda, difícil de administrar. Desde que se puso en marcha el juzgado único el año pasado, en seis meses hubo 4.800 demandas, en este han sido unas 2.200, por lo menos bajan. Y con el refuerzo, tres jueces a tiempo completo y otra a tiempo parcial, irá a mejor. Lo ideal sería que el Tribunal Supremo y Europa dejaran totalmente clara la doctrina, porque hay importantes resoluciones pendientes. Se prevé que los refuerzos de personal sean para seis meses, pero vaticino que serán para uno o dos años más.

-El juzgado único ha encapsulado el problema pero se sigue reclamando otro juzgado de Primera Instancia, ¿por qué?

-El número 22 se dedica parcialmente a familia y a incapacidades, pero con ello nos colocamos en la media de congestión de España, que sigue siendo superior a los módulos que marca el Poder Judicial. Un juzgado híbrido es complicado, se necesitaría otro para especializarlo, además de uno social y otro penal.

-En lo Penal se esgrime por la Administración la reducción de asuntos, ¿por qué es necesario otro?

-Hasta donde yo sé, veo a los compañeros de los siete penales digamos normales (hay dos exclusivos de violencia de género) muy agotados, señalando a seis meses vista, que es mucho.

-El caso de La Manada ha generado un rechazo inusitado a la Justicia, ¿entiende las críticas?

-La crítica racional sí, otra cosa es concentrarse ante una sede judicial, obligando incluso a interrumpir una vista, y eso condiciona la labor del juzgador, que requiere sosiego y frialdad de ánimo. Se ha opinado de un caso que se celebró a puerta cerrada.

-¿Es posible que tengan la piel muy fina?

-No lo creo, el colectivo judicial es de los más controlados y sancionados de la Administración. No estamos libres de crítica.