La nueva contrata del autobús podría incluir una moratoria de dos años en el pago de la subvención municipal que ahora presta el Ayuntamiento de Zaragoza con la que hasta el 2015 no abonaría ni un euro o una cantidad muy inferior a los cerca de 50 millones de euros que ahora le cuesta a las arcas municipales. Sería una forma de que la empresa concesionaria ayudara a financiar su elevado coste y permitir, a corto plazo, una inyección de dinero dentro de un próximo presupuesto en el que se espera una severa caída de los ingresos. Además, de esquivar la actual restricción de poder acudir a la deuda a largo plazo.
La concesionaria actuaría como banco para el ayuntamiento sin restarle un ápice de interés a un contrato que está valorado en 1.000 millones de euros en diez años (1.500, porque sería prorrogable en cinco más). Y el consistorio, se ahorraría ese dinero en los dos primeros años para compensarlo en los ocho o trece años posteriores, con intereses.
Esta es una opción que cobra fuerza de cara a presentar unos pliegos que deberían estar listos este mismo mes para salir a concurso en octubre. No obstante, no está tan claro que el bus siga costando 50 millones cada año.
5 MILLONES MENOS El ahorro que se prevé supera el 30% en costes, principalmente porque el precio por kilómetro no va a ser el único criterio para fijar el coste y porque es más que probable que el beneficio industrial actual del 15% se acabe aproximando más al 7% que se suele pedir en los contratos similares que se han adjudicado en otras ciudades. También se está trabajando en una reordenación de líneas sobre la que ya se apunta una reducción de más de cinco millones de kilómetros para el 2013.
La tesitura actual permite ver esta contrata como una oportunidad, para el ayuntamiento por ahorrarse costes y para las firmas para pujar buscando la seguridad de cuantiosos ingresos para los próximos 15 años.
LIQUIDACIÓN Mientras se cierran los pliegos de la nueva concesión, el Gobierno municipal ya ha puesto en marcha a trabajar a sus técnicos en la futura liquidación de la contrata. Ha nombrado un instructor para hacer una auditoría con la que se van a valorar todos los activos y las prestaciones actuales del servicio, y "podrá recurrir a las empresas ya contratadas (Pricewaterhouse o Deloitte)".
Por un lado para tener una estimación de cuál es el valor real del patrimonio que revierte al ayuntamiento al final del contrato, y por otro, analizar con detalle si los costes se corresponden con el servicio que se presta. No hace mucho, el propio Gobierno lamentaba que TUZSA estuviera realizando más kilómetros con las obras del tranvía y los desvíos y recortes en varias líneas que antes de hacerlo.
Por otro lado, algunas fuentes municipales aseguraron que el área de Economía y Hacienda iba a solicitar a TUZSA que dejara de girar certificaciones hasta que finalizara esta auditoría, para hacer una modificación de crédito con la que ponerse al día. Pero el Gobierno lo niega rotundamente. Y la empresa, consultada por este diario, solo apunta que el último pago realizado fue en junio, unos 9 millones correspondientes al primer trimestre del 2012. No obstante, no hay que obviar que TUZSA también puede encargar su auditoría.
