Ante la falta de datos por vía política, MHUEL se ha puesto manos a la obra para investigar por vías registrales qué inmuebles puede haberse atribuido la Iglesia a nivel más local, en Zaragoza. Su presidente, Jorge García, declina dar por el momento más detalles al respecto, pero anticipa que se conocerán auténticas "barbaridades". La investigación no es fácil, como explica el decano de los notarios aragoneses, Francisco Pizarro. El Gobierno ha remitido al diputado Yuste a preguntar directamente a los 42 registros de la propiedad de la comunidad, pero no es una consulta que se pueda realizar alegremente. Según explica Pizarro, el registro de la propiedad es "en principio público", pero solo puede consultarlo el que "acredite interés legítimo" para saber de quién es una finca. Además, debe constar un registro de quién ha tenido acceso a esta información. Por lo que este tipo de investigaciones se suelen topar con la barrera de la Ley de Protección de Datos. El PSOE obtuvo información en su día de cuatro de los cinco registros navarros --que desataron la polémica--, pero uno de ellos se negó a proporcionarlos por este conflicto.