La reunión celebrada ayer entre el Ayuntamiento de Zaragoza, la Fundación DFA y los taxistas sirvió para confirmar que la prueba piloto para la implantación de la tarjeta ciudadana en los taxis adaptados se empezará en enero. Un acuerdo que no solventa sus discrepancias.

El director general de DFA, Javier Guiu, se mostró ayer más crítico con la actitud del consistorio y los taxistas, que le recriminan que no quiera renunciar a dos de los diez buses PMRS. Opinó que "25 taxis son insuficientes para dar cobertura sin perjuicio para el usuario". Apela a que la ley obliga a que en el 2017 el 5% de la flota sean taxis adaptados y para ello debería haber 85. Con esos 25 "la probabilidad de que el vehículo no esté cerca de quien lo solicita es muy alta" y acabará costándole más. Además, se decidió que el servicio dispondrá de un teléfono directo.