La compra de suelos en Ontiñena por parte de ILD (la promotora de Gran Scala) se ha convertido en un laberinto antes de firmar el primer contrato. Fijar y adquirir dos mil y pico hectáreas pugnando entre decenas de propietarios y aparceros, derechos adquiridos, terrenos comunales y todo eso resulta misión imposible. Salvo que se pretenda convertir la presunta compra en un trampantojo para convencer a la Administración autonómica y meterla como sea en la jugada, este tinglado es demencial.

Un proyecto tan quimérico como el de Gran Scala sólo podría obtener suelo de dos maneras: o poniendo dinero de verdad sobre la mesa y desbordando las reticencias con billetes de banco, u obteniendo del Pignatelli la declaración de supramunicipalidad para resolver la cuestión por el artículo Treinta y tres. Lo demás, zarandajas. El contrato de opción presentado en Ontiñena exige a los posibles vendedores que se deshagan de los arrendatarios, que libren un poder notarial dando a ILD capacidad para negociar en su nombre la recalificación de los terrenos y que paguen todos los impuestos que salgan al paso. La cosa, sin embargo, no es tan simple; no digamos en lo referido a las fincas municipales que a su vez también están alquiladas de por vida.

Así que seguimos metidos en una ficción flipante, en un tinglado ridículo. El Gobierno de Aragón chapotea en el oscuro jardín. Si coge por la vereda de la supramunicipalidad (que para eso aprobó la Ley que aprobó, ¿no?) y deshace a la brava el embrollo de los suelos habrá dado un paso sin retorno, pringándose definitivamente en cualquier cosa que pueda suceder luego. Ése sí que sería un escándalo emblemático.

Mientras este drama sigue su inaudito curso, Ontiñena viaja por el túnel del tiempo a los días del miedo, el recelo mutuo y la clandestinidad. El Ayuntamiento, su entorno y los granescalosos presionan a quienes deben firmar las famosas opciones. Si algún propietario o aparcero pone pegas recibe respuestas amenazadoras. Surgen enfrentamientos y malos rollos. Y todo, por nada.