Mientras el caso Fincas Atlanta, por la presunta descapitalización fraudulenta de 50 millones del entramado inmobiliario, sigue camino del juicio, sus derivadas van dando abundante trabajo a los tribunales zaragozanos. Ayer fue el turno de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que deberá dirimir si uno de los socios de Eduardo Lacasta Lanaspa (el principal acusado del caso principal, que afronta 16 años y medio de cárcel) le intentó estafar con un documento falsificado.

Así lo cree la Fiscalía, que pide para él nueve meses de cárcel por falsedad en documento privado y cinco meses de multa por tentativa de estafa procesal. Este delito se quedó en intento porque finalmente la Justicia anuló este contrato supuestamente fraudulento. La acusación particular, por parte del propio Lacasta, eleva las penas a dos años por la falsedad y otros 11 meses por la tentativa de estafa procesal.

Ambos consideran que el acusado, Javier Arcal, aprovechó la estancia de Lacasta en prisión preventiva en Zuera, en verano del 2013 (cuando estalló el caso), para simular un contrato con el que se apropiaba de un 22% de acciones de Fincas Arcal, hasta entonces propiedad al 50% de otras sociedades de ambos. Lo hizo por un precio de 18.000 euros, que las acusaciones califican de «irrisorio» porque, según la tasación judicial, la empresa valdría 15,5 millones de euros y las acciones transferidas, unos 3 millones.

DISCAPACIDAD

Ambas acusaciones apuntaron que Arcal se aprovechó de la discapacidad visual de Lacasta, que tiene solo un 5% de visión en un ojo, para colarle el documento para que lo firmase. Algo que este negó categóricamente ante el tribunal. Apuntó que «él era consciente de todo lo que firmaba», pues además de leérselo gente de su confianza, tenía una «tremenda» lupa de aumento en el despacho. De hecho, su defensa aportó unas fotografías de Lacasta leyendo, aunque nadie parece saber quién las hizo.

Arcal defendió que el contrato era auténtico. «A mí me lo pasó Joaquín (Jiménez, contable de Fincas Atlanta) y lo firmé, yo no se lo leí, me lo trajo firmado». Defendió que el precio era «al precio nominal de la participación, como hacíamos todo».

También justificó que fue al notario en el año 2013 con el documento, en teoría del 2008, cuando vio el lío judicial de Atlanta. «Si de algo pequé es de no ir (antes) al notario, pero como te llevas bien...», explicó. Defendió que el contrato existía, pero que «ahora Eduardo quiere echar todo para atrás».

En esto enmarcaría sus al menos dos condenas por estafa y apropiación indebida, aportadas por el abogado de Lacasta. También es cierto que en noviembre fue absuelto de un caso casi idéntico a este, también por otro supuesto intento de fraude, entre otros pleitos ganados. Pero en este, la fiscala apuntó otras pruebas, como el hecho de que el sello de la empresa correspondiese a una época posterior al 2008, cuando ya habían cambiado de domicilio social.

Lacasta, por su parte, defendió que le falsificaban la firma «cuando le daba la gana», como pudo ser el caso, y que nunca se lo hubiera esperado del que fue su «brazo derecho», como definió a Arcal. «La idea de la venta no existió, es una mentira. No tiene sentido vender por 18.000 euros unas acciones que son patrimonio de mi hijo, de una empresa de 15 millones», valoró. «A lo largo de los tres meses que estuve en Zuera se apoderó de las empresas», resumió.